Director Migración justifica las redadas y deportaciones haitianos
La Dirección General de Migración (DGM) ha dejado claro este jueves que el gobierno no permitirá asentamientos clandestinos de extranjeros irregulares, invasiones y ocupaciones de terrenos, entre otras acciones típicas de la migración irregular, sin importar su nacionalidad.
El director del organismo, Venancio Alcántara, indicó que “el flujo migratorio irregular desde el vecino país es una realidad que las autoridades dominicanas están en la obligación de contrarrestar, además de la práctica de trata y tráfico de personas, con políticas públicas bien definidas, en el marco del cumplimiento a la ley, contemplado también en la normativa jurídica”.
Asimismo, recuerda que la Constitución y la ley ordenan y dan facultad para deportar y repatriar del territorio nacional a los residentes que estén de tránsito de forma ilegal, “acciones que se realizan mediante un protocolo moderno y respetando la dignidad humana”.
Asimismo, Alcántara adviertió “que no van a permitir que por presiones e injerencia se relajen las políticas y normas migratorias en el país”, las cuales aseguró, “se están implementando bajo el marco de la ley, el respeto a los derechos humanos y los acuerdos internacionales, con el diseño de un protocolo moderno adaptado a estos tiempos”.
En ese sentido, el director de la entidad afirmó que las cifras de nacionales haitianos ilegales deportados desde el territorio nacional son de fácil comprobación, ya que los mismos son repatriados mediante oficio notificado a las autoridades haitianas, quienes reciben a los expulsados y certifican su recepción con firma y sellado, como establece el artículo 6, inciso 16 de la Ley de Migración 285-04, que regula la materia.
Sobre la denuncia de apresamiento de apresamientos de mujeres parturientas haitianas, Migración explicó que acogiéndose y en cumplimiento a la ley 285-04, en ocasiones y por razones humanitarias se han dado casos en que se ha permitido dar luz a parturientas haitianas, pero que han sido asumidos sus costos por el gobierno.