Dominicanos en Puerto Rico víctimas redadas anti-inmigrantes de Trump

Numerosos dominicanos han sido apresados en Puerto Rico donde comenzaron las redadas contra los inmigrantes ilegales, una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Donald Trump inmediatamente llegó a la Casa Blanca.

Las redadas se han concentrado en Santurce, donde está localizado el popular Barrio Obrero, poblado por inmigrantes, en su mayoría dominicanos que han viajado en yola.

En una tarde de domingo cualquiera, Neuri compartía con su hermano, quien vino a visitarlo desde la vecina República Dominicana. Juan, por su parte, había salido de su casa a comprar el aguacate que acompañaría el sancocho que su esposa preparaba en el hogar, y Fermín, mientras, hablaba con amigos frente a uno de los negocios ubicados en la avenida Borinquen en Barrio Obrero, cerca de la avenida Constitución, en San Juan.

Pero la tarde tomó un giro totalmente distinto para los tres inmigrantes dominicanos residentes en Puerto Rico cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) llegaron hasta la zona y los detuvieron como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que reforzó las restricciones y revirtió protecciones a los inmigrantes.

“Estoy desesperada. No sé a quién preguntarle, no sé a dónde ir, no sé qué hacer”, relató Iris Lázaro Rivera, esposa de Juan, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. “Él salió para acá a comprar un aguacate”.

El Nuevo Día presenció la detención de, al menos, tres personas dominicanas, al tiempo que los agentes hacían preguntas y entrevistaban, de forma aleatoria, a quienes se encontraban frente a diversos establecimientos que son puntos de encuentro, principalmente, de la comunidad dominicana en Puerto Rico, en busca de corroborar su estatus migratorio.

Al confirmar el operativo en respuesta a la nueva política de Trump, el ICE defendió, en declaraciones escritas, que la agencia “desempeña un papel crucial en la identificación y detención de personas que representan una amenaza”. “La aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación tiene una importancia crítica para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos”, indicó la agencia, que no tuvo disponible a ningún portavoz que ofreciera detalles sobre la intervención. No se ofreció tampoco una cifra oficial de detenidos.

La ofensiva, sin embargo, era injustificable para los familiares y amigos de los detenidos, de quienes, hasta el momento de la entrevista, no tenían ninguna información respecto a dónde exactamente los llevarían, cuáles serían los próximos pasos o cuándo podrían verlos.

“Si fuera un delincuente, yo te digo, yo misma dijera ‘sí, qué bueno que lo arrestaron’, pero es una persona sumamente trabajadora”, continuó Iris, de 50 años, incrédula ante lo que acababa de suceder. “Una persona que está comprando un aguacate porque su esposa le está haciendo un sancocho, es innecesario (el arresto), no veo razón de ser”, sostuvo.

El operativo ocurre apenas seis días después del regreso de Trump a la presidencia estadounidense y luego que la gobernadora Jenniffer González Colón expresara, en una entrevista con Telemundo, dirigiéndose particularmente a la comunidad dominicana en la isla, que podían “estar tranquilos”, puesto que, según ella, las políticas del mandatario republicano estaban enfocadas en la frontera de Estados Unidos con México y el cruce de inmigrantes en esa región, no en Puerto Rico.

Ante lo ocurrido, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, se solidarizó con las familias afectadas y ordenó a la Oficina de Ayuda al Inmigrante disponer “de los recursos necesarios para maximizar nuestros esfuerzos” y enfatizó que “ni la Policía Municipal, ni ninguna entidad gubernamental bajo la jurisdicción del Municipio de San Juan están colaborando ni participando, ni apoyando en estos operativos de forma alguna”.

“Reitero nuestro compromiso de actuar con compasión, responsabilidad y firmeza en defensa de quienes enfrentan momentos de incertidumbre”, sostuvo Romero.

Mientras, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, recalcó que procurará, en su gestión oficial en la capital federal, que se respeten los derechos de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.

“Todas las personas, incluyendo los inmigrantes indocumentados, tienen derechos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aseguraré que estos derechos sean respetados, y utilizaré la autoridad dentro del Comité de Seguridad Interna, que supervisa a ICE, para garantizar que no se violen“, manifestó por escrito.