Donald Guerrero defiende la legalidad de sus actos en Hacienda
La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero acusa al Ministerio Público de violentar el debido proceso al asegurar que todos los pagos de expropiaciones hechas durante su gestión y que investiga la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) se realizaron por decreto y/o por mandato de la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas, y que todos los herederos fueron pagados con su debida constancia.
Dijo que el Informe de la Unidad Antifraude en el que el Pepca basa su investigación es inválido conforme a la Ley 107-13.6, y constituye “una prueba proscrita por la Constitución”, por lo que no podría servir de fundamento para dictar una medida de instrucción.
En un comunicado público los abogados de Guerrero aseguran que la totalidad de los pagos a los herederos se hizo “siguiendo estrictamente “ la normativa que requería tanto el Ministerio de Hacienda como la Contraloría General, “ la cual validó, autorizó y despachó cada orden de pago a la Tesorería”.
En cuanto a los herederos no pagados, explicaron que estos no estuvieron de acuerdo con el monto fijado por metro cuadrado, pero que aún tienen la opción de ejercer una “demanda justiprecio” que obligaría al Estado a pagarles el precio judicialmente fijado a favor de ellos”.
Señalaron que aunque recientemente se publicó una carta de remisión suscrita por el Contralor General, su firma no figura en el informe de marras, lo cual es un requisito formal del trámite.
¿Cuál es la fiabilidad de un documento de trámite que el incumbente de la Contraloría ni siquiera firma y pretende otorgarle validez mediante una carta de remisión recientemente aparecida, pero que no circula con ninguna de las versiones filtradas del informe? cuestionó la defensa de Donald Guerrero.
Agregaron que al margen de eso el Ministerio Público ha violado indiscriminadamente el debido proceso y los derechos de Guerrero al negarle el acceso al contenido del informe “que se pretende servir como medio de prueba”, no obstante haberlo solicitado en reiteradas ocasiones, y sin embargo lo han tenido los medios de comunicación.
“No puede haber justicia objetiva e independiente escuchando sólo una de las partes; eso es una injusticia y violación al debido proceso”. puntualizaron.