Dos empleados banco se hicieron préstamos por 74 millones
La complicidad de empleados y funcionarios bancarios para estafar a clientes y también a las entidades en las que trabajan ha salido a relucir con la medida de coerción impuesta por un juez de la capital contra dos personas que captaron préstamos para terceros y beneficio personal por más de 74 millones de pesos.
Un juez del Distrito Nacional ha impuesto a Maikol Rafael Ventura Pineda, exempleado de la institución financiera, (que no se identifica) a Carlos Manuel Guzmán, garantías económicas de RD$5.0 millones y RD$3.0 millones respectivamente, además de impedimento de salida del país y presentación periódica ante el órgano acusador.
Ventura Pineda y Guzmán están imputados por asociación de malhechores, robo asalariado y delitos de alta tecnología, según la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
El juez Rigoberto Sena impuso la garantía económica de RD$5,000,000 a Ventura Pineda y la de RD$3,000,000 a Guzmán, ambas mediante contrato con compañía aseguradora.
Durante la audiencia, la procuradora general de corte de apelación Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo representaron al Ministerio Público.
Según la fundamentación fáctica de la solicitud, los imputados actuaron en asociación para gestionar y aprobar irregularmente préstamos de consumo a favor de terceros, obviando los procesos de verificación y la debida diligencia exigida por la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Los imputados cobraban entre un 8% y un 10% de la suma prestada por la entidad financiera a cada persona captada. Además, algunos préstamos se gestionaron para beneficio propio utilizando nombres de terceros.
El Ministerio Público estableció que Ventura Pineda, aprovechándose de su posición en la entidad financiera, aprobó múltiples créditos, mientras que Guzmán se encargaba de captar a los solicitantes de los préstamos, que en total superaron los setenta y cuatro millones de pesos.
El órgano calificó los hechos como asociación de malhechores, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, tipificados en el Código Penal dominicano, la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las investigaciones continúan para determinar si hay otras personas vinculadas y detectar otros posibles préstamos otorgados bajo la misma modalidad.