Dos reuniones y todavía no saben como desmantelar el Canódromo
Por Jeannette Kranwinkel
El Gobierno sigue dando vueltas con el Canódromo, un centro de retención vehicular que ha devenido en un antro de corrupción y violaciones a los derechos ciudadanos de los que no ha escapado el propio Defensor del Pueblo, agredido por los policías encargados del lugar.
Luego de una serie de promesas y cuando todavía no hay sanciones para los agresores del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y los periodistas que le acompañaban a una inspección al canódromo, las autoridades informaron que dan los “toques finales” para solucionar la odisea que genera la retención de los vehículos por la DIGESETT.
Este jueves se reunieron el ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez, el jefe de la Policía, Eduardo Then, el director de la DIGESETT, general Ramón Antonio Guzmán Peralta, el director de Impuestos Internos, Luis Valdez, el Contralor, Catalino Correa Hiciano y el Defensor del Pueblo.
Es el segundo encuentro entre las autoridades y el Defensor del Pueblo, luego de que se solicitara realizar las investigaciones sobre el manejo y las retenciones irregulares de vehículos en el Canódromo.
Entre los acuerdos preliminares, el Ministerio de Interior y Policía, el Defensor del Pueblo, Impuestos Internos, Contraloría General de la República, la Digesett y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, acordaron examinar los estatus jurídicos de todos los vehículos, para entregárselos a las personas que muestren la documentación que exige la ley.
En la próxima reunión, los órganos administrativos designarán los grupos de trabajo para cada centro de retención, con el objetivo de apoyar a la Contraloría General de la República en el levantamiento general de esas unidades y su condición.