Dueños del Jet Set insisten en desacreditar peritaje oficial confirmó negligencias
Logran juez ordene nuevo informe técnico del colapso discoteca

Los responsables por la tragedia de la discoteca Jet Set que dejó más de 230 muertos y decenas de heridos siguen moviendo todos los resortes de poder a los que tienen acceso y han conseguido que un tribunal ordena un «nuevo peritaje», con lo que buscan contradecir lo que arrojaron las primeras investigaciones y en las que salieron a relucir las reiteradas negligencias ante las advertencias de sobrecarga del techo del establecimiento.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que dirige el magistrado Raymundo Antonio Mejía Zorrilla ha emitido Auto núm. 057-2026, el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, acogiendo parcialmente una solicitud de la defensa y dispuso la realización de un peritaje técnico independiente.

La medida busca profundizar en las posibles causas del colapso estructural ocurrido en abril de 2025, ampliando el espectro probatorio en una fase clave del proceso, que mantiene sentado en el banquillo de los acusados al empresario Antonio Espaillat y a su hermana Maribel, quien administraba la discoteca.
Se recuerda que el primer peritaje oficial dispuesto por la procuraduría general de la República, a raíz de la tragedia, fue realizado por expertos nacionales y extranjeros.
La decisión, de carácter administrativo dentro de la etapa intermedia, se sustenta en disposiciones del Código Procesal Penal que reconocen a las partes el derecho a proponer diligencias de investigación y a acceder a medios de prueba, especialmente cuando no han tenido oportunidad de hacerlo en etapas anteriores.
El tribunal consideró que la medida resulta «idónea, razonable y proporcional», en tanto contribuye a garantizar la igualdad de armas entre las partes y a hacer efectivo el derecho de defensa. Este —como recuerda la Constitución dominicana— no puede reducirse a una formalidad, sino que debe ejercerse de manera plena y sustantiva.
El nuevo peritaje permitirá examinar materiales estructurales, posibles procesos de deterioro y factores externos que pudieron incidir en el colapso. No obstante, el juez fijó un plazo de 30 días hábiles para su ejecución, en atención al principio de razonabilidad y al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
La resolución se produce en un momento particularmente delicado para la sociedad dominicana. A medida que se aproxima la fecha conmemorativa, familiares de las víctimas y diversos sectores organizan actos de memoria y reflexión.
En ese contexto, el tribunal subrayó que su decisión no implica pronunciamiento alguno sobre culpabilidad o responsabilidades definitivas. Su alcance es estrictamente procesal: asegurar que el juicio se desarrolle bajo condiciones de equidad, respetando el debido proceso y el derecho de defensa de todas las partes.

