El apetito por el dinero de la Procuraduría dispara precios servicios

La procuraduría general de la República, dirigida por la magistrada Yeni Berenice Reynoso también se ha contagiado con la voracidad que se exhibe desde el gobierno central a la hora de cobrar impuestos a la población y a pesar de que recaudó  más de 445 millones de pesos el año pasado (2025) con el papel de buena conducta, ha tenido el tupé de aumentar ese servicio.

El certificado de buena conducta pasó de 600 a 800 pesos, lo que tendrían que pagar miles de jóvenes que lo necesitan para acceder a un empleo por la exigencia de las empresas.

Durante el período enero-diciembre del 2025, un total de 742,989 ciudadanos solicitaron el papel que tenía un valor de 600 pesos, lo que generó ingresos superiores a 445.7 millones de pesos, por encima a los 431.7 millones de pesos recaudados en igual período de 2024, según las estadísticas internas.

Se argumenta que estos «reajustes» en los precios de los servicios son para compensar el recorte en el presupuesto del 2026. Esto a pesar de que el Poder Ejecutivo proclama la «independencia» del Ministerio Público, al que somete aún más reduciéndole los ingresos.

Y es que una tajada del presupuesto de la procuraduría ahora ha ido a parar al Ministerio de Justicia, que ya tiene titular aunque todavía se ignora donde va a operar, lo que evidencia la improvisación en las iniciativas del actual gobierno.

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