El argumento sobre el agua que hace el presidente Cámara Minera RD
A propósito de explotación de mina San Juan

En una declaración que ha provocado críticas, el presidente de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana, Martín Valerio, ha comparado el uso del agua para la agricultura con la que demanda la explotación minera a propósito de la suspensión de las operaciones para explotar una mina de oro en San Juan de la Maguana, una de las zonas más productivas del país.
Sin desparpajos dice que el sector agrícola utiliza una mayor proporción de agua que la minería en el país, mientras defiende la necesidad de mantener el diálogo en torno al proyecto minero Romero, paralizado recientemente por instrucciones del presidente Luis Abinader.
Valerio sostuvo que la minería representa actualmente cerca del 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) y generó exportaciones por alrededor de 2,500 millones de dólares en 2025.
Y fue más lejos en las «bondades» de la minería, señalando que representa cerca del 3 % del uso industrial del agua en República Dominicana, mientras que el mayor consumo corresponde al sector agrícola.
“El 76 % del uso del agua tiene que ver con la actividad agrícola”, explicó, aclarando que no acusaba al sector agropecuario de ser el principal contaminante, sino que hablaba en términos proporcionales de consumo.
También defendió que los proyectos mineros modernos incluyen sistemas de reciclaje y almacenamiento de agua para reducir el impacto sobre las cuencas hidrográficas, lo que desmienten las operaciones mineras existentes en la República Dominicana.
En ese sentido, sostuvo que suspender el estudio impide obtener información clave para tomar decisiones responsables sobre el manejo ambiental del proyecto.
“Un estudio de impacto ambiental no es una licencia para operar. Es una herramienta para saber si técnicamente es viable un proyecto y cómo mitigar cualquier posible impacto”, aseguró.
Explicó que el estudio de impacto ambiental no garantizaba la explotación minera, sino que buscaba determinar científicamente si el proyecto era viable y cuáles medidas serían necesarias para proteger el entorno.
Sobre la decisión presidencial de paralizar toda actividad vinculada al proyecto Romero, en San Juan, Valerio consideró que la medida debió dar paso primero a una mesa de diálogo entre las partes involucradas.

