El doctor Pedro Ureña, el Caso Senasa y la violación normas éticas

El doctor Pedro Ureña ha planteado que se le cancelen los exequáturs a los médicos que se compruebe que están involucrados en el expediente de corrupción del Seguro Nacional de Salud como una forma de desterrar las prácticas fraudulentas que atentan contra la étidca y la vida de los pacientes.

El reconocido cardiólogo utilizó su cuenta de Instagram para cuestionar a sus colegas que realizan procedimientos médicos innecesarios.

Citó hemodiálisis para pacientes con enfermedades renales y las quioterapias falsas para los enfermos de cáncer, lo que le facilita dinero a médicos sin beindar atención directa a los pacientes.

En sus críticas se refirió a los médicos que también cobran porcentajes en perjuicio de los más necesitados, lo que dijo, constituye una violación directa al juramento hipocrático y los principios fundamentales del ejercicio médico.

“Como sociedad no debemos permitir que ese tipo de personas continúen con licencia para hacer lo mal hecho”, afirmó el galeno, al tiempo que llamó a aplicar sanciones ejemplares que incluyan la revocación del exequátur a médicos que incurran en este tipo de conductas.

Ureña advirtió además sobre el impacto negativo que estas prácticas tienen en las nuevas generaciones de profesionales de la salud, señalando que se envía un mensaje equivocado cuando se normaliza el enriquecimiento mediante la violación de las normas éticas. “No es cierto que cobrar porcentajes o violentar las reglas sea lo normal”, enfatizó.

El cardiólogo sostuvo que el proceso judicial vinculado al caso SeNaSa debe marcar “un antes y un después” en la medicina dominicana y en los mecanismos de fiscalización del sistema de salud, advirtiendo que, de no producirse cambios reales, la sociedad en su conjunto sería responsable, tanto por acción como por omisión.

Sus declaraciones se suman al debate público generado en torno al caso, mientras sectores sociales y profesionales reclaman justicia, transparencia y consecuencias firmes frente a posibles actos de corrupción que afecten directamente el derecho a la salud.

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