El domingo juez decidirá coerción contra médicos involucrados Senasa 2.0

Será el domingo cuando el  juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena emita su veredicto sobre las medidas de coerción que aplicará contra los 26 imputados del caso Senasa 2.0.

El fallo del juez será dictado a las 7:00 de la noche del domingo 27 de septiembre, tras agotar la noche de este viernes abogados defensores y el Ministerio Público sus respectivas réplicas y contrarréplicas con relación a lo expuesto por las partes ante el tribunal.

Inicialmente, las autoridades solicitaron 18 meses de prisión preventiva contra los exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, arrestados durante la denominada Operación Senasa 2.0-A, además de declarar el caso de tramitación compleja.

Sin embargo, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, indicó que, atendiendo a la actitud de colaboración, solicitó la variación a arresto domiciliario para nueve de los imputados.

«Una parte de los implicados ha colaborado con la investigación del Ministerio Público y nosotros, siendo coherentes, como en todos los casos, a medida que las personas muestran primero arrepentimiento, admiten los hechos y pidieron incluso excusas ante el tribunal, el Ministerio Público sí solicitó al tribunal que la medida de coerción que se disponga contra estos sea el arresto domiciliario», manifestó Camacho.

El mismo destacó «la fortaleza» del expediente presentado por las autoridades, el cual incluso ha llevado a que «al menos 13» de los 26 implicados hayan admitido su culpabilidad ante el juez.

«Esto es una evidencia irrefutable de la fortaleza y contundencia de esta investigación que ha realizado el Ministerio Público y que esperamos que el juez, al momento de ponderar lo que se ha presentado por nuestra parte, acoja los términos que se han solicitado por el Ministerio Público», señaló Camacho.

Antes del receso, el abogado Santos Willy Liriano Mercado había denunciado que el Ministerio Público ha estado forzando acuerdos con varios de los imputados, que han aceptado «colaborar, no admitir los hechos» con las autoridades.

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