El escándalo Senasa y el mito del Ministerio Público Independiente

Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final Digita)
Con el Caso SENASA se ha terminado de confirmar el mito de la «independencia» del Ministerio Público que se proclama desde el gobierno.
Con denuncias de irregularidades financieras realizadas con la debida documentación, la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, no movieron un dedo, contrario a la agilidad que caracteriza sus acciones cuando iguales faltas se atribuyen a personajes vinculados con la oposición política.
El refajo se le ha visto a leguas a este Ministerio Público cuando es el propio presidente de la República, Luis Abinader, que asediado por una presión ciudadana, tiene que enviar un informe a la Procuraduría General de la República para que se actúe en consecuencia.
Seguro que esta orden desde el Palacio Nacional motorizará la acción pública, aunque no con la fanfarria que acompañó esos allanamientos en operativos mediáticos en los que se llegaron a sacar a ex funcionarios casi desnudos en horas de la madrugada, lo que se difundió a los medios de comunicación, con el agravante de que víctimas de esta cacería contra la oposición, han sido descargados por los tribunales.
Los casos de irregularidades graves, como ha calificado el mismo gobierno el escándalo financiero de SENASA, se han ido multiplicando y en la más reciente de el espectáculo de La Semanal, la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch habló de más de 300, pero aclarando que su papel no es el del Ministerio Público y argumentando que tampoco podía identificar a los funcionarios involucrados porque se lo prohíbe la ley.
Lo cierto es que las denuncias de corrupción y los casos concretos de irregularidades con los dineros del Estado en las instituciones gubernamentales, deberían tener muy ocupados a los fiscales anti-corrupción, que hasta el momento lo que han hecho es elaborar contra opositores, voluminosos expedientes huérfanos de pruebas que se han venido desmontando en los tribunales.
Constituye una vergüenza que tengan que dictarse una orden desde el Palacio Nacional, para que el director de la SILSARIL y el actual director del SENASA, vayan a la procuraduría a entregar un informe que hace tiempo debió estar en manos de los fiscales.
Pero desde hace meses nos hemos quedado esperando los operativos, que ignoramos cual será el nombre que le darán porque lo que se ha hecho es robar a los más pobres y lo que es peor, un grupo hacerse más millonario con los recursos destinados a la salud de la gente más humilde.
Ojalá que la «Operación Vampiros» (sí, ese es el nombre sugerido, porque se le ha chupado la sangre a los enfermos asegurados por el SENASA) se realice sin dejar puertas abiertas para la impunidad, que es lo que ha caracterizado al actual Ministerio Público cuando se trata de personas con vinculaciones con el gobierno (sólo hay que recordar los del Jet Set).
El momento no es para discursos y advertencias vacías, es para actuar y enviar un mensaje que retorne la confianza perdida en un gobierno que subió con el estandarte de combatir la corrupción, un flagelo que ha terminado enmarañando las instituciones y contagiando a gente que se vendió como honesta y criticó a los corruptos del pasado.
Pero como dicen, para proclamar honestidad, primero hay que manejar presupuestos. Atravesar el pantano sin enlodarse los bolsillos.
Ya hay gente que se ha hundido en el terreno pantanoso de la corrupción con apenas poner un pie, pero no ha ocurrido nada porque la luz del faro del Ministerio Público está concentrado en la acera de enfrente, esperando que la llamada del 9 11 presidencial les suene para actuar, con el cuidado con el que han manejado otras situaciones no menos graves para que la imagen y reputación del presidente Abinader no se manche, aunque ya los escándalos han comenzado a salpicar.


El refajo se le ha visto a leguas a este Ministerio Público cuando es el propio presidente de la República, Luis Abinader, que asediado por una presión ciudadana, tiene que enviar un informe a la Procuraduría General de la República para que se actúe en consecuencia.