El gobierno de las excusas

Como este gobierno, desde que asumió el 16 de agosto del 2020, se ha caracterizado por culpar a la oposición de todos los desaciertos y metidas de patas en que incurre, no iba a perder la oportunidad de hacerlo con la aprobación de la ley 1-24, bien llamada “Ley Mordaza”, que retrotrae al país a los tiempos del oscurantismo trujillista, cuando a cualquier hora del día, en su casa, en plena calle o en su trabajo, un ciudadano era detenido por un aparato represivo e inquisidor del estado (Servicio de Inteligencia Militar), para ser “interrogado” sobre cualquier asunto que le interesara a la autoridad.

Con suerte ese ciudadano podía volver a su casa, luego de pasar semanas, meses o años en una de las mazmorras que tenía el régimen, como La 40, El Nueve o La Victoria.

 

En ese accionar miles de hombres y mujeres valiosas no regresaron a sus hogares, porque “no convencieron” al régimen, de su comportamiento en ese momento de su vida.

 

No es que nos adelantemos a los acontecimientos, culpando al gobierno de Luis Abinader de poner en práctica acciones trujillistas, como  la “Ley Mordaza”, ni estemos tachando la vocación democrática del gobierno; pero sí de pretender abrir brechas a sectores oscuros, que mediante un instrumento como la pretendida Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), crear una superestructura con vocación de barrer con una de las prerrogativas más idóneas con que cuenta la democracia, que es la Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, recogida en la Ley 6132, desde los tiempos pos trujillistas, con el alegato de que los ataques externos y la ciberseguridad, demandan que el gobierno adopte este tipo de mega instrumento de investigación y de seguridad.

 

Pero no sólo quienes ejercemos la comunicación nos sentimos tocados con los alcances de esta ley, también el ciudadano, con derecho a la expresión, al libre desplazamiento, sin ser molestado por instrumento alguno, mediante acciones que puedan provenir de la buena voluntad del gobierno, pero también de sectores que medran a la sombra del Estado, no siempre con buenas intenciones.

 

No nos vamos a cansar de repetir que en una sociedad como la nuestra operan dentro del estamento militar-estatal, las mismas o peores lacras que en el civil. Que muchas de las peores acciones que han estremecido a la sociedad, por su crueldad, han tenido su crisol en una institución del gobierno.

 

Para muestra, citamos la desaparición del comunicador Narciso González, el 26 de mayo de 1994, durante uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, luego de hacer fuertes críticas, en un discurso en la UASD, al viciado proceso electoral montado ese año.

 

Narcisazo, como lo llamábamos, fue detenido por varios hombres y metido a la fuerza en un vehículo, varías calles después de la que fue su casa de altos estudios, dizque para “interrogarlo”, en un lugar que llamaban El Mercadito, que operaba en la Base Aérea de San Isidro, el cual luego se comprobó que era utilizado como un centro de tortura, en medio de la supuesta democracia en que vivimos.

 

Narcisazo, no ha regresado. Dicen que a los interrogadores del catedrático y comunicador, se les fue la mano y en su labor “investigativa” del “pecado”, que cometió en la UASD; que de tanto golpearlo, quedó en un estado de inconsciencia, que obligó a varios de estos hombres a montar su cuerpo en un helicóptero para arrojarlo varías millas, mar afuera.

 

Citamos un caso doloroso y que esperamos jamás vuelva a repetirse. Pero es que el derecho a la expresión, sin ser molestado, está consagrado en todos los códigos del mundo. Lo expresó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo que censuró las pretensiones del gobierno dominicano.

 

Que, en República Dominicana, con sus altas y sus bajas se ha respetado este derecho, aunque ha habido actos censurables en determinados momentos de borrachera política que han llevado a la autoridad a cometer excesos, como ocurrió del 2000 al 2004, con el apresamiento e interrogatorio en el DNI de conocidos periodistas que cuestionaron al gobierno de Hipólito Mejía, casos que mantenemos frescos en nuestra memoria.

 

Con respecto a la aprobación de la cuestionada ley, el presidente Abinader calificó de hipócritas y de cínicos a los partidos de oposición, porque la criticaron luego de haberle dado su aprobación, en una sesión convocada para el pasado 28 de diciembre, en plena juerga navideña.

 

Razón no le falta al mandatario, porque los congresistas opositores debieron advertir del interés supremo del gobierno en aprobar una pieza legislativa, para lo cual interrumpió el natural asueto navideño, aprobando una ley que muchos confesaron no llegaron ni a leer.

 

Ahora se impone subsanar el adefesio jurídico en que ha devenido esta ley criticada por todos.

 

Probablemente cuando se someta un nuevo proyecto, corrigiendo tres de los artículos más criticables de esta ley, se levante de nuevo el gobierno, queriéndose anotar un tanto, al reparar un entuerto, cuyo responsable, de seguro que será la oposición, a la cual se atribuye todo tipo de desmanes, desde el auge de la delincuencia, el endeudamiento externo, el mal funcionamiento de la salud, educación, alto costo de la vida y el deterioro de la seguridad.

 

Ojalá que el gobierno escuche a todos los sectores interesados o no en el tema, porque de lo contrario caería sobre sus espaldas despertar al monstruo dormido de un pasado muy ominoso que cegaba el libre derecho a la expresión del pensamiento, por cuál sufrieron o perdieron la vida muchos dominicanos.