El gobierno y la frágil línea entre la regulación y la censura

Por Guillermo Tejeda

(Director Resumen Final Digital)

El país se encuentra nuevamente a las puertas de un nuevo intento de censura.

El controversial proyecto que pretende regular la Libertad de Expresión, sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, a pesar de que el presidente Luis Abinader dice que no le puso «ni una coma», es una clara amenaza para el ejercicio de la comunicación en la República Dominicana.

Solo hay que leer el proyecto que según el mandatario fue «consensuado», para establecer que lo que subyace es el deseo de sectores de poder por acallar voces críticas, con el argumento de controlar los desmanes de las plataformas digitales, operadas mayoritariamente, por gente sin ninguna formación que se aprovechan de la democratización de la era digital.

Pero para ponerle freno a esos desmanes, de gente que utiliza esas herramientas para el chantaje y la extorsión, no hay que censurar. El andamiaje jurídico del país tiene los mecanismos para sancionar esos excesos sin desmedro de atentar contra la Libertad de Expresión consagrada en la Constitución de la República.

Hay que llamar la atención ante la vocación «reguladora» del gobierno, que ya ha dado muestras de que le irritan las críticas y la hipersensibilidad de funcionarios que se creen «Dioses del Olimpo» cuyas gestiones no pueden ser escrutadas por la opinión pública o la veeduría ciudadana.

No debe sorprender la iniciativa del controversial proyecto depositado por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en las cámaras legislativas, cuando se ha dejado pasar por alto la revisión de otra ley que atenta contra derechos fundamentales de los dominicanos, la 1-24 que crea la nueva Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Esa ley fue denunciada y como siempre, se designó una comisión que elaboró mejoras que siguen durmiendo en los escritorios de legisladores que lo «estudian» en el Congreso Nacional, mientras se sigue aplicando una legislación que va en detrimento del ejercicio periodístico, forzando a revelar fuentes de información, con el argumento de la seguridad nacional, entre otras vulneraciones a los ciudadanos, entre los que destacan potencialmente la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la privacidad y protección de los datos e informaciones personales.

Y esa cultura que se desprende desde las más altas instancia del poder con asiento en el Palacio Nacional, al parecer han contagiado a otros poderes del Estado, como el judicial, con su política de «protección de datos», con la que la Suprema Corte de Justicia pretendía restringir el acceso de la prensa a información pública, iniciativa que a todas luces fomenta la opacidad judicial al conceder un poder excesivo de discrecionalidad para ocultar datos esenciales para la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas, dificultando el acceso a fuentes públicas y privadas de interés colectivo.

Ante la polvoreda levantada, el gobierno por boca del presidente Abinader, ha tratado de desligarse de la paternidad del proyecto que regula la Libertad de Expresión, al tirarle la criatura nati-muerta a un grupo de juristas que le propusieron la iniciativa, que se trabajó en el Palacio Nacional desde donde partió el cortejo fúnebre hasta un Congreso Nacional controlado mayoritariamente por el partido en el poder.

Los gobiernos, por más democráticos que se proclamen, siempre han tenido debilidades por la censura, una forma de mantener alejados los ojos de los periodistas del accionar de los funcionarios y sus tropelías y este no ha sido la excepción.