El Ministerio Público deja enganchado a Girón luego de delatar compañeros

Pide no incautarse 8 millones y rechaza fianza de 3 millones

El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, la «garganta profunda» que delató a sus compañeros en el desmantelamiento de lo que el Ministerio Público califica como una estructura para estafar al Estado desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial, Politur y Conani, se ha quedado sin amigos y está muy próximo a quedarse sin un centavo.

El oficial del Ejército, quien llegó a un acuerdo con los fiscales para «tirar al medio» a sus superiores en la Operación Coral, ahora le está implorando al Ministerio Público y a los jueces que no le decomisen el dinero en su cuenta bancaria.Raúl Girón vuelve a delatar a generales del Cestur y Cusep en caso Coral

Se trata de unos ocho millones de pesos, pero Girón tendría que buscar más de 3 millones de pesos de prosperar una solicitud de los fiscales a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, para que le impongan una multa por ese monto, lo que su abogado, Rubén Martínez califica de desproporcional.

El abogado  aseguró que los 7.8 millones de pesos incautados por los fiscales es de origen lícito obtenido a través de un préstamo en el Banreservas.

En virtud de su «cooperación efectiva y el suministro de información clave» que permitió desmantelar una estructura que estafó al Estado con más de 4,500 millones, el órgano acusador solicitó contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, una condena especial de cinco años de prisión suspendida y una multa de 200 salarios mínimos.

La alegada trama de corrupción se habría producido en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Infancia (Conani).

Los principales acusados son el mayor general Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, exjefes del Cusep y el Cestur, respectivamente.

También el coronel Rafael Núñez de Aza y el general Rafael Camilo de los Santos Viola, contra quienes el Ministerio Público pide 20 años de prisión y 400 salarios mínimo de multas, así como el decomiso de sus bienes.

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