El movimiento reivindicativo en estado de coma.

Por Miguel Ángel Núñez.

Bajo la sombrilla del movimiento Marcha Verde que atrajo a los diferentes sectores,  iniciando con los partidos de oposición, grupos de pobladores, contratistas inconformes, miembros  disgustados del PLD, con el apoyo de grupos económicos y agencias internacionales, el movimiento reivindicativo tuvo en el pasado reciente un rol protagónico que contribuyó con la derrota, tras 16 años del Partido de la Liberación Dominicana, al catalizar el desgaste en la popularidad en la que había entrado el gobierno.

Durante dos años, una alfombra verde con manifestantes  de todas las edades se tradujo en una  eficiente maquinaria publicitaria  contra el gobierno, tanto en la Capital, Santiago, como en ciudades de Estados Unidos y España.

Estas manifestaciones aumentaron su dramatismo con concentraciones de pobladores, con comunicadores y artistas identificados con el PRM, frente a la Junta Central Electoral poniendo presión sobre el gobierno, al cual culpaban de las maniobras técnicas que dieron al traste con los comicios municipales de febrero del 2020.
La Marcha Verde replicó en el país una tendencia mundial de los llamados movimientos verdes que agrupan a  actores de diferente naturaleza, pero contradictoriamente de orientación conservadora.

Su financiamiento estuvo a cargo de Estados Unidos, a través de sus agencias, empeñadas en desacreditar el modelo del Socialismo del Siglo XXI, alentado por los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Luiz Inacio  Lula Da Silva de Brasil y de grupos económicos poderosos,  como admitió el expresidente de la Asociación de Industrias de RD, Campos de Moya.

Estos gobiernos, en su mayoría, sucumbieron a esta embestida, unos mediante expedientes por corrupción, presiones sociales y políticas en sus respectivos países, como ocurrió  con Dilma Rousef en Brasil, Evo Morales de Bolivia, Cristina Fernández en Argentina y Danilo Medina en República Dominicana, entre otros que habían mantenido una política un tanto contestataria con el gobierno de orientación republicana de Donald Trump.

El entonces candidato del PRM, Luis Abinader, fue un promotor entusiasta de la Marcha Verde, por eso,  cumplido  su objetivo de asumir el poder en los traumáticos comicios del 5 de julio del 2020, vino el  nombramiento de sus principales dirigente en cargos públicos, como pago por sus servicios.

Para citar un ejemplo, Carlos Pimentel, que además había hecho carrera como funcionario de la agencia Participación Ciudadana, asumió la dirección ejecutiva de la estratégica Dirección de Compras y Contrataciones.
Importantes activistas sociales que habían prestado su voz al conglomerado también fueron posesionados en cargos del gobierno, pero otros,  como vaquillas, trashuman pastando en el erario como asesores  en materia de poca importancia, cargos diplomáticos y otras áreas.

Así luce coptado el movimiento reivindicativo; la denuncia brilla por su ausencia; el que fue un vigoroso movimiento de resistencia a los excesos de la autoridad, durante los años 80 y 90′, con el Consejo de Unidad Popular y el Colectivo de Organizaciones Populares, con exponentes como Virtudes Álvarez y Ramon Almánzar, hoy no se deja sentir.

Como burócratas hacen mutis ante los desaciertos de funcionarios de los que el gobierno se ha visto precisado a cancelar  a 16, en menos de dos años  de gestión.

Al parecer, lo que fue tema de crítica durante el gobierno peledeísta dejó de serlo para el actual. La corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencia y otras taras atribuidas al gobierno anterior, ya no despiertan el mismo interés de los manifestantes.

El nepotismo que destacaban como  propio de los Montás, Germán o Pared, no lo es, si quienes lo practican son los De Camps, Jorge o Guzmán.

Analistas políticos observan con preocupación el nombramiento en el tren gubernamental de conocidos dirigentes empresariales que vinculan a grupos económicos que en su momento admitieron haber colaborado con recursos económicos a las actividades de la Marcha Verde, mientras esto sucede los actores sociales son desvinculados de los mecanismos legítimos de expresión popular,  a cambio de canonjías y prebendas.