El narcotrafico y corrupción colocan gobierno contra la pared.

Por Miguel Ángel Nuñez
El gobierno del presidente Luis Abinader, que en los últimos cinco años ha colocado al Partido de la Liberación Dominicana contra las cuerdas, con una andanada de ataques por corrupcion, con fundamentos, unos, o traídos por los moños, otros, hoy prueba con amargura un trago de su propio veneno.
El más grave de la cadena de hechos atribuidos a dirigentes del partido en el poder, lo constituye el involucramiento por parte de la justicia de Estados Unidos, de más de una decena de dirigentes del PRM en casos de narcotrafico.
Entre los acusados por la justicia norteamericana figuran personas que ocuparon puestos públicos y otros que ganaron escaños en el congreso, en los ayuntamientos o desarrollaban actividades privadas, pero con vínculos políticos y hasta familiares con dirigentes de la organización.
De modo que la irrupción del narcotrafico ha sido interpretado como el peor desmadre ético enfrentado por partido o gobierno alguno de la región en los últimos años.
El PRM para sacudirse la tan desafiante indignación general trató de reaccionar, como expresa el argot popular “lanzando al agua a los procesados” arguyendo que los delitos que enfrentan los procesados, obedecen a acciones individuales que en nada se corresponden con una conducta grupal o colectiva.
Sin embargo, en todo el país era un secreto a voces que por instancias de poder circulaba una lista de por lo menos 23 sujetos, pedidos en extradición, por sus supuestas conexiones con el marcotrafico, en camino hacia los tribunales estadounidenses.
Lo grave es que a pesar de tan nocivos aprestos, estos individuos se cruzaban por calles y caminos del país en labores proselitistas. Brindando cervezas a votantes, comprando cajas de muertos, comprando cédulas a menesterosos para evitar el voto en contra, pagando deudas y supuestamente entregando hasta porciones de drogas a cambio de votos, y de paso, llevando al poder a quienes hoy día nos gobiernan.
Las denuncias de los desmanes del narcotráfico en los comicios, tanto del 2020, como del 2024 quedaron grabados en todo tipo de medios de comunicación. Nunca se habia visto una inversión tan holgada de recursos en un torneo electoral.
Y a pesar de las denuncias ninguna instancia de esas que velan por la sanidad de la democracia o del Ministerio Público, se interesó por comprobar lo denunciado.
Conforme pasaron los días fueron emergiendo situaciones que permitían ver más claro el panorama ominoso que se cernía sobre el país.
Con el apresamiento al ingresar a Estados Unidos por el aeropuerto de Miami del diputado Miguel Gutiérrez y su hermano Miguel Emilio o El Aleman y los hermanos Endy de Jesús Nuñez Mármol o El Fuerte y Danny de Jesús Nuñez Mármol explotó la bomba cuando menos se esperaba.
Se determinó que la banda de narcotráfico que encabezaban invertía cuantiosos recursos para impulsar, tanto su candidatura, que fue la más votada en la historia política de Santiago, como de otros candidatos que también resultaron triunfantes por el hoy partido gobernante.
Producto de las delaciones, confesiones, y negociaciones que contempla la justicia de EE. UU, a partir del 2021, cuando el diputado Gutiérrez fue apresado, han sido extraditados, además del propio Gutiérrez y dos de sus hermanos, el empresario Roberto de los Santos Domínguez, conocido como El Chino Domínguez, también el exasesor en materia de zonas francas y ejecutivo del equipo Águilas Cibaeña Fabio Augusto Jorge Puras, el ex funcionario del Ayuntamiento del Distrito Nacional y miembro de la seguridad del expresidente Hipólito Mejía, Gaspar Polanco Virella, junto a otros miembros de la banda que supuestamente correrán la misma suerte, como parte del llamado Grupo de Santiago.
Los organismos investigativos determinaron que grupos o familias, ubicadas en las principales plazas electorales, dedicadas mayormente al narcotráfico, o al juego de azar, hacían grandes contribuciones a los candidatos del PRM.
Así encontramos que la operatividad para la zona de La Vega descansó sobre los hombros de la familia Lopez-Pilarte, encabezada por Miguel o Miky López, quien declaró haber contribuido con 50 millones de pesos para la causa perremeísta, y su esposa, Carmen María Pilarte, quien ganó holgadamente su curul por La Vega, y que hoy guarda prisión de cinco años en la Cárcel Rafey de Santiago, por lavado de miles de millones de pesos del narcotráfico. Completan el quinteto tres de sus hijos: José Miguel, Miguel Arturo y Ada María, hoy regidores por esa ciudad, quienes según la justicia con cuentas pendientes por los mismos delitos.
Para Puerto Plata y otras provincias de la costa norte figuraban los hermanos Mosquea, Juan Carlos, Eric Randhiel y José Mosquea, el primero sindicado como cabeza de la Operación Falcón.
La región Este también tenia su grupo, que terminó en el expediente Falcón, encabezado por el exdirector de Comunidad Digna Juan Maldonado, su esposa Faustina Guerrero, quien fue fácilmente escogida para repetir como diputada por el PRM, también parte del caso Falcón.
Se determinó que para el Distrito Nacional operaba la estructura cuya cabeza visible era el regidor Winston Herrera, que apodan Yeyea, recientemente ingresado a una prisión de Miami, como cabecilla de la banda que además integraba el ex general de la Policía Nacional, William Duran Jerez.
En tanto que en la región Sur, específicamente desde el municipio de Guayabal de Padre Las Casas reinaba Yamil Abreu Navarro, señalado como representante del temida cártel mexicano de Sinaloa, extraditado de urgencia a una prisión de Miami.
Sobre el tema de los actos de corrupción en el gobierno, llama la atención la parsimonia asombrosa, con que el Ministerio Público maneja uno de los peores escándalos de corrupción que se haya producido en el país: me refiero al escándalo del Seguro Nacional de Salud(SENASA), cuyo monto según cálculos oficiosos superaría largamente al del Banco BANINTER en el 2003 que era 55 mil millones de pesos.
Le sigue otro de dimensiones catastróficas en el Instituto Nacional Bienestar Estudiantil (INABIE).
Y otro escándalo que por estar en tercera posición no es menos significativo, en las reparaciones de edificaciones del Ministerio de Educación, aunque la lista de “robos al erario”,como lo definió el Arzobispo Francisco Ozoria, resulta indignante.
Los tres escándalos representan cifras tan astronómicas como intimidantes desde cualquier punto de vista.
Tanto los casos de corrupción detectados en los últimos tiempos, como los delitos de narcotráfico, que envuelven a familias “honorables”, dan una idea de hasta dónde ha calada este flagelo en la sociedad.
Para el gobierno resulta un hueso duro de roer tener que referirse a la comisión de actos delictivos que en el seno de su gobierno y de su organización se reproducen como verdolaga, por consiguiente muy poco estimulante para hacer apostasía de honestidad y seriedad inmaculadas.


El PRM para sacudirse la tan desafiante indignación general trató de reaccionar, como expresa el argot popular “lanzando al agua a los procesados” arguyendo que los delitos que enfrentan los procesados, obedecen a acciones individuales que en nada se corresponden con una conducta grupal o colectiva.