El negocio ahora es con terrenos del entorno Estadio Quisqueya
El ayuntamiento del Distrito Nacional ha dado luz verde para que comience el mercado inmobiliario en los terrenos del entorno del Estadio Quisqueya, en una disposición validada por la mayoría que tiene el partido de gobierno en el Concejo Edilicio.
Los terrenos pasarán al Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) que urbanizará los predios que rodean al Estadio Quisqueya para construir allí un proyecto inmobiliario.
El Bandex logró con esto la autorización total del Estado para llevar a cabo las obras, habiendo obtenido ya la transferencia de los títulos de propiedad de las manzanas en cuestión con el Decreto 152-09 del presidente Leonel Fernández y el 196-14 del presidente Danilo Medina.
Lo único que se interpone en su camino es una demanda de la regidora Nerys Martínez contra la Ordenanza 1/2025, que aprobó la sala municipal para declarar el área como Zona de Uso Especial y permitir la urbanización.
Esta disposición, del 7 de febrero del 2025, excluyó al recinto deportivo de una lista de 12 zonas ambientales que formaban parte del sistema verde del Distrito Nacional y donde estaba prohibida la construcción de viviendas, modificando así Plan de Ordenamiento Territorial (Ordenanza 09-2019).
Las demás son el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la Plaza de la Cultura, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los cementerios del Distrito, la Plaza de la Salud y Cedimat.
El cambio respondió a una solicitud que hizo el Bandex y el Estado dominicano durante la actual administración y su objetivo es ejecutar el plan concebido en 2009.
La regidora Martínez asegura que la pieza para cambiar el tipo de uso de suelo se aprobó en la sala municipal, dominada por el partido de gobierno, sin explicar la existencia de dicha iniciativa y que los decretos en cuestión se ocultaron.
Consideró los peligros de que el Bandex posea la propiedad del espacio, ya que tiene el poder de poner los títulos en garantía para cualquier transacción. La concejala espera el fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) respecto a su impugnación.