El negocio del siglo con los acuerdos MP expedientes corrupción
El Ministerio Público está haciendo «negocios con la impunidad» denunció este jueves la abogada Laura Acosta, quien se refirió a los acuerdos de oportunidad que realizan los fiscales con los acusados de corrupción que se están quedando con la gran tajada de lo robado.
Reveló que lo delatores se benefician con el triple de los fondos y devuelven solo una tercera parte al Estado.
“El cuadre es, que los que están haciendo acuerdos se embolsillan el triple cuatro y cinco veces más y devuelven una tercera o quinta parte y ese el negocio del Ministerio Publico, el negocio de la impunidad”, manifestó.
Criticó que el Ministerio Público aplique el criterio de oportunidad a siete empresas y personas que se habrían beneficiado con miles de millones de pesos, a través de supuestos actos de corrupción, a cambio de que devuelvan dinero al Estado y testifiquen contra los acusados en el caso Calamar.
La abogada recibió hoy la notificación de que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, declaró inadmisible la participación de Gonzalo Castillo y Donald Guerrero en la aplicación de los criterios de oportunidad que busca otorgar el Ministerio Público.
MAS ACUERDOS, AHORA CON EL CASO MEDUSA
Otros nueve acusados en el caso de corrupción Medusa (cinco personas físicas y cuatro empresas) llegaron a una negociación con el Ministerio Público este jueves.
El nuevo grupo acordó devolver dinero en efectivos y bienes al Estado, algunos a cambio de penas benignas en un juicio penal abreviado y otros con criterios de oportunidad, este último que implica dejarlos fuera del proceso penal.
Los acusados que negociaron con la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) son Cesarión Morel Grullón, a quien se le solicitó un penal abreviado, Hilda Cristina Jackson, Felipe Armando de Castro, Gisselle del Carmen Molano Frías y Rossanna Vianela Pimentel. Para los últimos cuatro se pidió al juez un criterio de oportunidad.
Las empresas imputadas son Ropalma S. R. L., Sean Hudson Dwigginn, Smart Logísticos S. E. L, y Constructora Morel Grullón & Asociados S. R. L.
Los fiscales Rosalba García y Enmanuel Ramírez explicaron que el penal abreviado y el criterio de oportunidad se solicitó «partiendo de la mínima participación de estos imputados» en el caso de corrupción.
El juez Amauri Martínez dará a conocer su decisión, de si acoge o rechaza los acuerdos el día 5 de julio, a las 9:00 de la mañana.