El PNUD sigue sin convencer en su rol de construir obras en RD

Por Williams Tell B.

La representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Inka Mattila sigue justificando el rol de “constructor” en el país, ante las dificultades presupuestarias que le han impedido terminar el edificio que alojará la sede del Defensor del Pueblo.

Argumenta que los trabajos del PNUD en el país y sus operaciones están sustentados en el Acuerdo Básico de Cooperación  que suscribió con el Estado dominicano hace casi cinco décadas. Sin embargo, en ese convenio no figura el rol que ha asumido ese organismo convertido en contratista del Estado lo que le ha permitido recibir millones de dólares por pago de servicios

El convenio a que hace referencia el PNUD fue suscrito el 11 de junio de 1974, ratificado por el Senado de la República mediante la resolución 73, del 5 de noviembre de 1974, pero que  entró en vigor el 8 de mayo de 1975,  fecha en que el país recibió la notificación. En esa época el país estaba sometido por lo que en el país se conoce como una “dictadura ilustrada” encabezada por el presidente Joaquín Balaguer, donde las obras se entregaban grado a grado a ingenieros privilegiados.

Y sorprende que una institución que promueve los cambios, la modernidad y la transparencia, todavía siga interesada en la vigencia de un convenio que deviene en obsoleto casi cincuenta años después.

En los acuerdos firmados desde el 2018 por el PNUD con el  Defensor del Pueblo se establece como contexto legal de los proyectos, el artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia, firmado en el 1974.

En el numeral 1 de ese artículo se señala  que “el presente acuerdo enuncia las condiciones básicas en las cuales el PNUD y sus organismos de ejecución prestarán asistencia al gobierno para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo y se ejecutarán los proyectos que reciben ayuda del PNUD.”

Agrega que se aplicará a toda asistencia del PNUD y a los documentos del Proyecto u otros instrumentos que las partes concierten para definir con más detalles los pormenores de tal asistencia y las responsabilidades respectivas de las partes y del organismo de ejecución.  El numeral  2 precisa que el PNUD solo prestará asistencia en respuesta a solicitudes presentadas por el Gobierno y aprobadas por el organismo.

“Se concederá tal asistencia al Gobierno, o a la entidad que el Gobierno designe, y se proporcionará y recibirá de conformidad con las resoluciones y decisiones pertinentes y aplicables de los órganos competentes del PNUD y a reserva de que el PNUD disponga de los fondos necesarios”, indica la parte final del numeral 2 del artículo 1.

En el artículo II se detalla la asistencia que el PNUD puede prestar al gobierno dominicano. Estos son servicios de expertos asesores, consultores, operacionales y de voluntarios de las Naciones Unidas;   equipos y suministros no disponibles en República Dominicana.

También asistentica para seminarios, programas de capacitación, proyectos de demostración, grupos de trabajos de expertos y actividades afines; sistemas de becas o arreglos similares que permitan a los candidatos propuestos por el gobierno a estudiar o recibir capacitación, y  cualquier otra forma de asistencia en que convengan el gobierno y el PNUD.

Firma del acuerdo

Por el gobierno dominicano, el acuerdo fue suscrito por el entonces canciller Víctor Gómez Bergés, y por el PNUD, Hernán Buzeta.

En un comunicado de prensa, el PNUD explica que ha acompañado a la entidad en la ejecución de varios componentes.

Las Naciones Unidas se ha visto sacudida por escándalos que se han suscitado con contratos para la construcción de obras. En el 2016 fue arrestado por el FBI John Ashe, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acusado de haber recibido 1.3 millones de dólares en sobornos.

Al ex alto cargo de la ONU se le atribuía haber recibido más de 500.000 dólares en sobornos de Ng Lap Seng para construir en Macao un centro de conferencias de miles de millones de dólares que sería apoyado por el organismo.