El poderoso cartel de las drogas del Sur y sus millonarias operaciones

Una de las estructuras más poderosas del narcotráfico desmantelada en el país. que recibía lanchas rebosadas de cocaína por las costas del Sur, comenzó sus operaciones casi comenzando el gobierno del presidente Luis Abinader, en el 2021.

Las autoridades determinaron que esa red del narcotráfico en la que con toda seguridad participaban miembros de las agencias de seguridad del Estado, movilizó unas  28 toneladas de cocaína en aproximadamente 12 meses. La cifra equivale a unos 2,333 kilos al mes, 538 kilos por semana y cerca de 77 kilos diarios.

De acuerdo con el Ministerio Público, la red comenzó a operar en diciembre de 2021 y se mantuvo activa hasta abril de 2024, cuando fue desmantelada mediante la Operación Caimán.

La acusación señala que el esquema involucraba a seis estructuras criminales integradas por unas 37 personas investigadas, que cumplían diferentes funciones dentro de las operaciones.

La droga venía desde las zonas de La Guajira y Alta Guajira, Colombia, y posteriormente transportada hacia República Dominicana mediante embarcaciones rápidas conocidas como “Go Fast”.

Los cargamentos ingresaban principalmente por las costas de Peravia, Barahona y Pedernales, según la investigación.

Una vez en territorio dominicano, la droga presuntamente era almacenada y preparada para continuar hacia otros mercados, incluidos Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

El Ministerio Público sostiene que las organizaciones que integraban la red tenían una división de tareas que incluía la planificación de los viajes, transporte marítimo, logística, almacenamiento y coordinación de los cargamentos.

Entre las estructuras identificadas figuran “Los Santa”, “Los Pescadores” y “Los Ciguillos”, cuyos integrantes presuntamente tenían responsabilidades determinadas dentro del entramado.

Las autoridades también vincularon a algunos de los acusados con la administración de las operaciones y con la coordinación de los movimientos de las embarcaciones.

La investigación también señala que la estructura disponía de recursos y equipos destinados a facilitar el traslado de los cargamentos.

Durante los allanamientos fueron ocupados vehículos, embarcaciones, armas de fuego, drones, brújulas, equipos GPS y dinero en efectivo, elementos que forman parte de las evidencias presentadas por el Ministerio Público.

Los fiscales también incorporaron interceptaciones y transcripciones de conversaciones entre presuntos integrantes de la organización como parte de las pruebas utilizadas para sustentar la acusación.

El expediente sostiene, además, que parte del dinero generado por las actividades ilícitas era utilizado para obtener protección e información que permitiera mantener las operaciones.

Más de dos años después de los operativos que permitieron desmantelar la estructura, el caso continúa en los tribunales.

Carlos Manuel Cuevas Pérez llegó a un acuerdo con el Ministerio Público luego de admitir los hechos que le fueron imputados, con el propósito de obtener una reducción de la condena.

Otros procesados también han procurado alcanzar acuerdos con el órgano persecutor. Estas negociaciones deberán ser conocidas por los jueces del Tribunal Colegiado de Barahona, que tendrán la última palabra sobre su homologación.

Mientras tanto, continúa el proceso contra otros acusados, entre ellos Máximo Andrés Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián, quienes fueron enviados nuevamente a juicio luego de que la Corte de Apelación de Barahona revocara decisiones de no ha lugar emitidas a su favor.

Los imputados enfrentan cargos relacionados con asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos, tráfico y porte ilegal de armas, entre otros delitos vinculados al crimen organizado.

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