El presidente Abinader instruye saquen teléfonos de cárceles
Presos, custodias ni visitantes podrán usarlos
Las autoridades carcelarias han sido incompetentes para resolver el grave problema de los celulares y otros equipos electrónicos en poder de la población carcelaria que los utiliza para planificar crímenes y otras acciones delictivas.
La situación ha obligado al presidente Luis Abinader a instruir al Ministerio de Defensa y a Interior y Policía para que se garantice el cumplimiento de la prohibición del uso de celulares y equipos electrónicos a los privados de libertad.
Un memorandum emitido el 20 de julio por el mandatario dió instrucciones al ministro de Defensa Carlos Luciano Díaz Morfa y al de Interior y Policía, Jesús Vásquez, a fin de que se cumplan de manera clara y precisa el monitoreo a los reclusos, ante el uso ilícito de telefonía y data en los distintos centros del país.
Entre la ordenanzas establecidas están la prohibición del uso de celulares, computadoras o cualquier dispositivo electrónico de comunicación que conecte a los presos con el exterior.
Asimismo, se enfatizó en la eliminación del uso o posesión de celulares y aparatos electrónicos por parte del personal militar o policial, sin excepción, de quien este prestando el servicio en los centros penitenciarios, así como de quien visite bajo cualquier circunstancia.
De igual manera las entidades de seguridad nacional deberán elaborar un informe por los próximos seis meses donde se detalle el desarrollo de estas instrucciones emitidas.
Estas instrucciones se realizan con el motivo de que se hagan cumplir las disposiciones de la ley en aquellos establecimientos de privación de libertad en lo que corresponden a la responsabilidad de la seguridad a cargo del Ejecito y la Policía Nacional.
Hace un año y cuatro meses, el presidente Luis Abinader, dió detalles de sobre la ejecución de una reforma penitenciaria integral, donde afirmó que “una parte importante de los crímenes se están organizando desde las cárceles”, y dijo que el Gobierno bloquearía la comunicación ilegal de los presos con el exterior para de esa forma reducir el radio de acción del crimen organizado.