Emmanuel Rivera estafó con casi 700 millones a sus víctimas

Fraude Inmobiliario "Operación Nido"

El Ministerio Público ha calculado en unos 700 millones de pesos la estafa que le atribuye al empresario inmobiliario Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis encartados en la denominada Operación Nido, una estructura que engañó a más de 300 compradores.

Las autoridades proyectan que las víctimas son más de las que aún tiene registradas. El expediente tiene  más de 400 páginas y unos 200 elementos de pruebas, entre las cuales están las testimoniales, periciales y financieras, entre otras.

Víctimas del fraude inmobiliario apostados frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El órgano persecutor establece que la estafa realizada por la desmantelada red, asciende a más de 700 millones de pesos, afectando a más de 300 víctimas, a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.

“El Ministerio Público ha presentado la medida de coerción en el presente caso de una estafa fraudulenta a personas que viven en el territorio nacional y otras en el extranjero”, dijo la fiscal Sourelly Jáquez.

El Ministerio Público depositó en la madrugada de este viernes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción contra Rivera Ledesma, dos hijos suyos y otros cinco encartados en la Operación Nido.

Emmanuel Rivera, quien por meses se burló de sus clientes estafados.

Los imputados son: Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.

La procuradora fiscal Jáquez declaró ante medios de comunicación que en el expediente el órgano persecutor solicita prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.

Jáquez precisó que para la elaboración del expediente fueron interrogados imputados, victimas y personas que vendieron parte de los terrenos donde se construirían los supuestos proyectos para estafar a las personas.

Además de Jáquez, en el depósito de la solicitud de medida de coerción participaron los procuradores fiscales Andrés Mena, Emmanuel Ramírez y de la Fiscalía del Distrito Nacional, la fiscal Laura Vargas Toledo.

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