Empresarios quieren controlar también Consejo Nacional Educación

Educa plantea una serie de "cambios"

Los empresarios quieren también el control del Ministerio de Educación y están proponiendo una modificación en el Consejo Nacional de Educación que le permita remover al ministro, impedir que los directores regionales participen en política y expulsar de ese ente a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Ese es el espíritu de la modificación que está proponiendo desde la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), con la que alegadamente persigue la despolitización de la educación pre-universitaria.

Según el brazo educativo del sector empresarial, los «cambios» se harían específicamente en lo concerniente a la conformación del poder político. El CNE es el rector del sistema educativo que debe dirigir las políticas de transformación educativa de República Dominicana. De acuerdo a su reglamento, su conformación debe ser pluralista y en el deben estar representados todos los sectores que inciden en el auge y desarrollo educativo.

María Waleska Álvarez, presidenta de EDUCA y Darwin Caraballo, director ejecutivo.

En su propuesta, Educa plantea que «el poder político quede subrogado a las fuerzas vivas de la sociedad, y que el presupuesto y el currículo sean aprobados por mayorías especiales».

Pide ponderar, además, la posibilidad de otorgarle potestades al consejo para que pueda someterle al presidente de la República la remoción del ministro de Educación cuando éste no cumpla con el plan estratégico y de gestión que haya sido aprobado.

Educa también plantea que el nombramiento de todos los cargos docentes y administrativos por concurso de oposición esté a cargo de una entidad independiente, además de que se suspenda el pago a todos aquellos funcionarios docentes o no docentes cuya inasistencia justificada no se haya corroborado en los últimos 30 días.

También ve la posibilidad de impedir que los directores regionales y distritales puedan ejercer funciones políticas, salvo el voto, durante su gestión, e imposibilitar por 36 meses a cargos electivos a quienes ocupen los cargos de ministro y viceministros de Educación.

Los empresarios han aumentado su «interés» por los asuntos educativos, a raíz de los negocios que se desprenden del presupuesto del 4% para la Educación.

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