En el caso de los 9.8 toneladas de cocaina, la DNCD hizo su trabajo.
Por Miguel Ángel Núñez
La República Dominicana rompió el récord regionall con el decomiso de las 9.8 toneladas de cocaina, casi 10 mil kilogramos de la droga, cuando se intentaba enviar al puerto de Amberes en Bélgica, a través del puerto multimodal Caucedo, un volumen que ni siquiera los paises productores, como Colombia, lo han podido igualar.
De ese modo concluyó un trabajo de seguimiento por parte del organismo responsable por la ley 50-88 de perseguir, controlar y poner en manos de la justicia a los actores de este flagelo.
Sin embargo, poco le importa a los dominicanos el debate en torno a la procedencia del cargamento: a si sea que viniera de la región del Catatumbo en Colombia, de la Guajira, en la frontera colombo-venezolana, si llego de Guatemala o de Honduras. 
Le interesa, y mucho, saber quién o quienes utilizan nuestro país como almacén, puente o mercado de drogas para envenenar a nuestros jóvenes, corromper nuestras instituciones poniendo a circular por el torrente económico, político y social la cultura del narcotrafico.
Pero preocupa que transcurra el tiempo, el caso se vaya diluyendo, mes tras mes, sin que los auténticos responsables del voluminoso decomiso estén en el lugar que le corresponde que son los tribunales.
Para utilizar una expresión propia de la jerga, que el exitoso operativo no haya sido coronado con la acción judicial correspondiente.
Las preocupaciones tienen su fundamento en que se ha dado casos, -que no necesariamente corresponde a este- en que una autoridad honesta y comprometida con su deber, actúa en correspondencia con el mandato de la ley, pero las conexiones que han desarrollado los presuntos infractores con estamentos de poder, le permitan escapar del brazo de la justicia.
Podría ser mediante una simple llamada, que a la postre resulta intimidatoria, por ejemplo, a modo de cobro de viejos favores que incluye compromisos por financiamiento de costosas campañas políticas, entre otras circunstancias.
Aunque resulte reiterativo, por su gran volumen, que en los mercados del bajo mundo se valora en 250 millones de dólares, todavía quienes trajeron, movilizaron y almacenaron el producto, no están tras las rejas.
Y sencillamente, no se visualizan a sus dueños en su justo lugar porque se trata del más grande cargamento de la historia, el más costoso, en consecuencia no puede pertenecer a un pipero de Capotillo, cuyos huesos, por lo general, van a parar a la carcel, junto al cigarrillo de marihuana que le ocuparon.
Es mucho lo que se puede hacer con 250 millones de dólares, desde la compra de favores de autoridades corruptas, compra de amistades para llevar una vida fastuosa y ganarse el aprecio en base dádivas a muchos sectores sociales.
Quienes estudian el delito del narcotrafico asocian su auge a una causa de fuerza mayor, derivada del poder económico-empresarial, militar, vínculos políticos y sociales que este genera.
No existiría tráfico de estupefacientes en ninguna parte del mundo, sin contar con las estructuras ni medios que lo permitan y sustenten.
El militar aporta la escolta, vigila el transporte, mira para otro lado de manera cómplice, de modo que el cargamento discurre frente a sus narices y no se entera, si no es que toma parte activa esperando los cargamentos en el mismo lugar del embarque o desembarque.
Pero también lo hace el activista social y político cuando acepta las dádivas del narco a cambio de una licencia social para operar con seguridad y un mínimo de contratiempo, consciente de que esta «alianza», a la postre, compromete su existencia.
Por igual coopera con este delito el empleado portuario o aduanal cuando actúa de manera displicente frente al tema.
Colocar un contenedor en cualquier puerto del mundo requiere de una serie de permisos y de requisitos que solo los que están familiarizados con la actividad portuaria o aduanal pueden desarrollar. De modo que no puede circular nada sin que se sepa quién lo envía. 
El ejemplo que mejor explica este análisis es la aparición del capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien desarrolló una serie de empresas, que le servían para enmascarar unas operaciones de narcotrafico, que según sus propias confesiones a la justicia de Estados Unidos, superaron las 33 toneladas de cocaina, cobijado con la sombra del poder político de la época.
De cara al sol se apreciaba, cómo, amparado en este poder, instituciones como la Fuerza Aérea Dominicana, le construyeron desde pista de aterrizaje de aviones, carreteras para facilitar el tráfico de cocaína, camuflada con exportaciones de la soja que nunca produjeron sus extensos predios adquiridos en San Juan de la Maguana, Elías Piña y otras zonas de la región sur.
Las operaciones del oficial se fueron a pique cuatro meses después de que cambiara el panorama político dominicano, y en diciembre del 2004, se detuviera, infraganti, con mil 400 kilos de cocaína, en un camión conducido por un coronel de la Policía Nacional, que tenía como destino, supuestamente, un almacén propiedad de un empresario de la región norte, cuya identidad nunca se reveló.
Los ejemplos pueden ser varios, con comportamientos similares en gobiernos distintos: Quirino, Figueroa Agosto, César el Abusador y un largo etcétera.
De modo que retomando el tema de las 9.8 toneladas de cocaína, siendo el más voluminoso de la historia del narcotrafico local, tampoco puede quedar sin dueño, porque de lo contrario será el imaginario popular el responsable de asignarle uno.