Envían por 18 meses a Najayo mayoría imputados Operación Panthera
Empleado del Multimodal con prisión domiciliaria

Fueron enviados a la cárcel de Najayo por 18 meses, siete de los acusados por la Operación Panthera que decomisó las 9.8 toneladas de cocaína en el puerto multimodal Caucedo.
La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, además impuso prisión domiciliaria contra otro de los imputados y declaró el caso como complejo, luego de una serie de aplazamientos de las audiencias.
Los imputados José Nicolás Castillo Hart («Nikito»), Winston Armando Tejera Rodríguez («Barbikin»), Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo, Dulvi Jesús de los Santos, el alcalde de Bayahibe, Enriquillo Luis Brito y su hijo, Enrique José Luis Brito, deberán cumplir la medida en el Centro Penitenciario Najayo-Hombres.
Por su parte, Alexander Henríquez Castro, sellador del Puerto Multimodal Caucedo, admitió su participación ante el tribunal y fue beneficiado con prisión domiciliaria.
El tribunal conocerá mañana jueves la medida de coerción contra Yoel Jesús Jáquez, uno de los prófugos que se entregó a las autoridades.
Tras la sentencia, el fiscal de la provincia, Milciades Guzmán, resaltó la solidez de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, señalando que se logró establecer la vinculación de los imputados en el proceso.
«No se trata de un caso sencillo, sino de crimen organizado. Aunque algunos tuvieron una participación menor, sin su colaboración no se hubiese podido introducir la droga al país desde Colombia», explicó Guzmán.
En tanto que los abogados de la defensa, como Alfa Ortiz, representante de los Brito, anunció que apelará la decisión del tribunal, argumentando falta de pruebas en contra de sus defendidos.
«Al momento de referirse a ellos, la magistrada solo dijo que estaban vinculados, pero no citó pruebas ni reseñó ninguna acción específica. Es un fallo infundado respecto a estos dos imputados», afirmó Ortiz.
La revisión de las medidas de coerción fue fijada para marzo próximo, donde se evaluará nuevamente la situación de los imputados.