Escombros de la justicia sobre Antonio Espaillat, juez varía calificación homicidio voluntario
Contra todo pronóstico, tras la sospechosa debilidad del Ministerio Público para acompañar a los familiares de las víctimas del Jet Set, el juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional cambió la calificación jurídica a homicidio voluntario, bajo la figura del dolo eventual, lo que comienza a quitarle el paragua de la impunidad con el que se estaban cobijando los dueños de la discoteca, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
La decisión implica que el expediente será enviado a un tribunal colegiado, debido a que la nueva calificación contempla penas que exceden la competencia del tribunal que conocía el proceso.
Tras el dictamen del juez, en la sala del tribunal y fuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hubo manifestaciones de satisfacción, entre lágrimas y aplausos porque se ha logrado vencer un primer obstáculo en el proceso para hacer justicia por la peor tragedia ocurrida en la República Dominicana con el desplome de un establecimiento en el que murieron 236 personas y numerosos niños han quedado huérfanos.
El magistrado González explicó que, como consecuencia de esta modificación, el juicio queda interrumpido y deberá comenzar desde cero ante la nueva instancia judicial.
Durante la audiencia se confirmó que la pena máxima por este nuevo cargo es significativamente mayor que la de «homicidio involuntario», pudiendo conllevar una condena de 3 a 20 años de cárcel para los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado González fundamentó su decisión en los informes técnicos, testimonios y peritajes que revelaron la sobrecarga del techo, y al acoger la nueva calificación de dolo eventual, el juez consideró que los propietarios actuaron con una «indiferencia culposa» al ignorar los riesgos inminentes de sobrecargar la estructura de manera imprudente y negligente.
El magistrado también resaltó que su decisión estuvo basada en los aportes del reconocido jurista español Francisco Muñoz Conde y en diversas jurisprudencias, tanto nacionales como extranjeras, para garantizar la correcta tipificación del dolo eventual.
Al considerar que la pena potencial excede su jurisdicción, el juez González declinó el caso a un tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, acción que implica que el proceso volverá a comenzar desde cero y se designará un nuevo tribunal mediante sorteo.
El magistrado concluyó su intervención subrayando que, al existir pruebas contundentes y periciales, el caso exige un análisis exhaustivo bajo los parámetros del «dolo eventual», reiterando que se procederá rigurosamente con la investigación.