Estados Unidos dice inseguridad RD afecta empresas y clima de inversión

Por Jeannette Kranwinkel.
El gobierno de Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la seguridad en la República Dominicana, lo que afirma, imponen costos a las empresas y limitan la inversión extranjera y nacional.
Asimismo dice que el país se enfrenta a los desafíos del crimen organizado por la ruta de las drogas procedentes de Sudamérica.
En la Declaración sobre el clima de inversión en República Dominicana elaborado por el Departamento de Estado también se aborda el tema laboral y destaca la participación de la mano de obra haitiana.
A continuación una parte de ese informe del gobierno norteamericano:
2025 Dominican Republic Investment Climate Statement
A pesar de la estabilidad política y el fuerte crecimiento económico, las preocupaciones de seguridad en la República Dominicana imponen costos a las empresas y limitan la inversión extranjera y nacional.
La actividad delictiva se asocia principalmente con incidentes a nivel de calle que consisten en robos y hurtos menores. De estos, el robo callejero es particularmente preocupante, ya que los delincuentes a menudo usan armas para obligar a las víctimas a obedecer.
El enfoque del presidente Abinader en la seguridad ciudadana y la transformación policial ha llevado a una caída en las tasas de robos y homicidios en los últimos dos años, incluido un mínimo histórico de 9,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024.
Sin embargo, las encuestas muestran que los dominicanos citan constantemente el crimen y la violencia como uno de los mayores desafíos que afectan la vida diaria.
No hay antecedentes de violencia por motivos políticos o disturbios civiles en la República Dominicana desde la transición del país a la democracia en 1996, y solo se produjeron protestas menores en 2024.
No hay ejemplos de daños por motivos políticos a proyectos o instalaciones de inversión en los últimos 10 años.
La República Dominicana se enfrenta a desafíos con el crimen organizado, ya que el país es un punto de transbordo de drogas procedentes de América del Sur con destino a los Estados Unidos y Europa.
La porosidad de la frontera entre Haití y la República Dominicana sigue siendo motivo de preocupación a medida que la situación de seguridad en Haití sigue empeorando.
Los funcionarios dominicanos están extremadamente preocupados por los disturbios civiles generalizados y la inestabilidad en Haití que contribuyen a los flujos ilegales de personas y bienes ilícitos a través de la frontera.
Debido a estas crecientes preocupaciones, las fuerzas armadas han aumentado su número en la frontera y han aumentado el número de vehículos y patrullas aéreas.
El gobierno también ha lanzado una ofensiva nacional contra la migración haitiana, aumentando significativamente las redadas migratorias, lo que ha llevado a la detención de personas identificadas erróneamente como haitianas o que tenían un estatus de residencia válido en la República Dominicana
Políticas y prácticas laborales:
Hay una amplia oferta de mano de obra disponible, aunque hay escasez de trabajadores calificados y supervisores técnicos. Existe cierta escasez de mano de obra en profesiones que requieren una educación prolongada o certificación técnica. Algunos sectores, incluidos la agricultura y la construcción, dependen en gran medida de los trabajadores haitianos indocumentados que carecen de una forma de regularizar su estatus legal.
Según los datos del Banco Central Dominicano de 2024 para julio-septiembre (los últimos disponibles), la fuerza laboral dominicana consta de aproximadamente 5,03 millones de trabajadores.
La tasa de participación de la fuerza laboral es:• 65,5 por ciento• 56,4 por ciento de la fuerza laboral trabaja en servicios• 10,7 por ciento en la industria• 10,5 por ciento en educación y salud• 7,5 por ciento en agricultura y ganadería• 9,1 por ciento en construcción• y 5,9 por ciento en administración pública y defensa.
Según datos del Banco Central de julio-septiembre de 2024, aproximadamente el 44,7 por ciento de la fuerza laboral trabaja en sectores formales de la economía y el 55,3 por ciento en sectores informales.
Con respecto a los trabajadores migrantes, los datos estadísticos confiables más recientes son de 2017 y muestran una población de 334.092 haitianos de diez años o más que viven en el país, con un 67 por ciento trabajando en los sectores formal e informal de la economía.
Los expertos en migración creen que este número ha aumentado a aproximadamente 500.000 o más desde 2017, aunque el gobierno dominicano deportó a 276.000 migrantes haitianos en 2024.
El código laboral dominicano establece políticas y procedimientos para muchos aspectos de las relaciones empleador-empleado, que van desde las horas de trabajo y el pago de horas extras y vacaciones, el pago por despido, las causas de despido y el registro sindical.
El código se aplica igualmente a los trabajadores migrantes, pero muchos trabajadores haitianos indocumentados y dominicanos de ascendencia haitiana no ejercen sus derechos por temor a ser despedidos o deportados.
La ley requiere que al menos el 80 por ciento de los trabajadores no gerenciales de una empresa sean ciudadanos dominicanos.
La ley prevé indemnizaciones por despido, que se deben pagar en caso de despido o despido sin causa justificada.
El monto adeudado se prorratea en función de la duración del empleo. Aunque el código laboral prevé la libertad de formar sindicatos y negociar colectivamente, impone varias restricciones, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calificado de excesivas, a estos derechos.
Por ejemplo, restringe los derechos sindicales al exigir que los sindicatos representen al 51 por ciento de los trabajadores de una empresa para negociar colectivamente. Además, la ley prohíbe las huelgas hasta que se hayan cumplido los requisitos obligatorios de mediación.
Solo un pequeño porcentaje de la fuerza laboral total se beneficia de la negociación colectiva. Entre los sectores donde la negociación colectiva es más frecuente se encuentran los sectores de hoteles, restaurantes y turismo, zonas francas, azúcar, minería y algunas grandes empresas multinacionales. La ley prohíbe el despido de empleados por afiliación sindical o actividades sindicales.
En la práctica, sin embargo, la ley se aplica de manera inconsistente. Las huelgas formales ocurren, pero no son comunes. En 2024, las huelgas de docentes afectaron a 1,4 millones de estudiantes en 4.800 escuelas públicas.
Son comunes las huelgas informales o las huelgas de sindicatos u organizaciones de trabajadores no registrados o no reconocidos. La ley establece un sistema de tribunales laborales para tratar disputas.
El proceso suele ser largo, con casos pendientes durante varios años. Una excepción son los casos de lesiones en el lugar de trabajo, que generalmente concluyen rápidamente y, a menudo, a favor del trabajador. Tanto los trabajadores como las empresas informan de que la mediación facilitada por el Ministerio de Trabajo fue el método más rápido y eficaz para resolver los conflictos entre trabajadores y empresas.
Muchos de los principales fabricantes de zonas francas tienen códigos de conducta voluntarios que incluyen cláusulas de protección de los derechos de los trabajadores generalmente alineadas con la Declaración de la OIT sobre los principios fundamentales y los derechos en el trabajo, pero los trabajadores no siempre conocen dichos códigos o los principios que contienen. El Ministerio de Trabajo supervisa los abusos laborales, las normas de salud y seguridad en todos los lugares de trabajo donde existe una relación empleador-empleado, pero los recursos para un seguimiento e inspección adecuados son insuficientes. Los inspectores de trabajo pueden solicitar la reparación de las infracciones y, si no se lleva a cabo una reparación, pueden remitir a los empleadores infractores al fiscal para que los sancione.


Sin embargo, las encuestas muestran que los dominicanos citan constantemente el crimen y la violencia como uno de los mayores desafíos que afectan la vida diaria.