Estados Unidos quiere someter a Petro ligándolo al narco

El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido designado como «objetivo prioritario» por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mientras los fiscales federales en Nueva York investigan sus supuestos vínculos con narcotraficantes, según personas familiarizadas con el asunto y documentos consultados por The Associated Press.
Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones desde 2022, muchas de ellas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Entre los presuntos delitos investigados por la DEA se incluyen sus posibles vínculos con el cártel de Sinaloa de México y un plan para utilizar su programa de «paz total» en beneficio de narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial. Los registros también sugieren el uso de las fuerzas del orden para el contrabando de cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.
La designación de “objetivo prioritario” se reserva para los sospechosos que la DEA considera que tienen un “impacto significativo” en el narcotráfico. Se desconoce cuándo la DEA otorgó dicha designación a Petro.
Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y sostuvo que nunca aceptó sus fondos durante su campaña. En un artículo publicado el viernes X, argumentó que los procedimientos legales estadounidenses acabarían por desestimar las acusaciones de la ultraderecha colombiana, grupo que, según él, es el que realmente está involucrado con los narcotraficantes.
La Embajada de Colombia en Washington restó importancia a lo que calificó de informes «no verificados» y anónimos sobre investigaciones preliminares de las fuerzas del orden contra Petro.
“Las insinuaciones difundidas carecen de fundamento legal o fáctico”, declaró la embajada en un comunicado.
En los últimos meses, los fiscales de Brooklyn y Manhattan han estado interrogando a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, específicamente, sobre las acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, según una de las personas que no estaba autorizada a hablar sobre la investigación en curso y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.
La persona afirmó que no estaba claro si los fiscales federales habían implicado a Petro en algún delito.
La investigación se centra, al menos en parte, en las acusaciones de que representantes de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes en la cárcel colombiana de La Picota a cambio de la promesa de que no serían extraditados a Estados Unidos, según una de las fuentes.
Petro ha negado sistemáticamente las acusaciones de narcotráfico, en particular después de que Trump lo calificara de «líder del narcotráfico ilegal» y de que el Departamento del Tesoro lo sancionara a finales de 2025 por supuestos vínculos con el tráfico de drogas sin presentar pruebas.
Los fiscales federales estadounidenses declinaron hacer comentarios. La DEA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
El New York Times informó el viernes temprano sobre la investigación federal.
Las investigaciones sobre Petro se encuentran en su fase inicial y no está claro si darán lugar a cargos, según otra persona familiarizada con el asunto, que añadió que la Casa Blanca no ha tenido ningún papel en las investigaciones.
Los registros de la DEA revisados por la AP se basan en parte en información confidencial que apunta a la posible participación de Petro con diversos grupos criminales que han dominado el narcotráfico sudamericano durante años. Entre ellos se encuentran el cártel de Sinaloa de México y el Cártel de los Soles, término utilizado para describir una red informal de oficiales militares corruptos de alto rango en la vecina Venezuela .
Los registros también citan una entrevista de 2024 con una fuente anónima que afirmó que Petro está utilizando a antiguos asesores de campaña y funcionarios de la petrolera estatal Ecopetrol para blanquear fondos presidenciales en países extranjeros para su uso una vez finalizado su mandato presidencial.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, negó enérgicamente las acusaciones en un comunicado a AP, afirmando que «carecían de toda realidad o lógica».

