Ex jueces Tribunal Constitucional contra reforma Abinader

Para que pueda entrar en vigor la Constitución de la República tras la reforma planteada por el Poder Ejecutivo, se requerirá un referéndum aprobatorio en el que el pueblo pueda votar de manera directa.

A esta conclusión llegaron ex jueces del Tribunal Constitucional y otros juristas que participaron en el panel organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

El panel contó con la presencia del expresidente de la República, Leonel Fernández y  reunió a los expertos  Leyda Piña Medrano, Eduardo Jorge Prats, Jottin Cury, Manuel Fermín, y Maribel Reyes. La actividad fue moderada por Hermógenes Acosta, conocido por su habilidad para facilitar discusiones sobre temas legales y constitucionales.

Los expertos, entre quienes se encuentran exjueces, letrados y especialistas en derecho constitucional y administrativo, representaron un escenario ideal en el que se examinaron los alcances del proyecto promovido por el Poder Ejecutivo.

Al iniciar el panel, el moderador, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, refirió que la Constitución del 2010 “es producto de un consenso de la sociedad dominicana, porque estuvo precedida de una amplia consulta popular, hoy esta constitución se quiere modificar”, dejando entender que para lograr tal modificación se requiere del consenso inicial.

La jueza emérita del Tribunal Constitucional, Leyda Piña Medrano, al momento de abrir el panel, aseguró que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo es una reforma con falta de legitimidad, porque no tiene el consenso de los actores políticos. Inicialmente, la reforma contemplaba 33 artículos, y dos años después se propone modificar 10 artículos, lo que indica que la “reforma no está bien pensada,” convirtiéndola en una reforma inoportuna e innecesaria.

En tanto, el abogado constitucionalista y exdirector de la Escuela de Derecho de la PUCMM, Eduardo Jorge Prats, expresó que para que entre en vigor la constitución reformada, se requiere pasar por el proceso de referéndum. Además, dijo que para toda reforma se necesita un triple consenso: el político, el técnico y el social.

En ese sentido, Jorge Prats reconoció que si bien, con la mayoría del oficialismo, pueden aprobar la reforma a la Constitución, esta requiere pasar primero por el consenso político para que exista respaldo de todos los actores políticos del sistema; consenso técnico, para que la comunidad jurídica pueda debatir y estar de acuerdo; y, por último, consenso social, en el que la sociedad esté de acuerdo.

Al hablar el juez emérito del Tribunal Constitucional, Jottin Cury, destacó que ni siquiera hay consenso entre el propio oficialismo. Una cosa dice el gobierno y otra cosa dicen algunos de sus legisladores. El presidente de la República no puede decir que no ha podido hacer nada porque la actual Constitución lo limita, lo que refleja lo innecesario del proyecto de reforma.

El experto en derecho administrativo y constitucional, Manuel Fermín Cabral, dijo que: “Si hay algo que se ha vendido como un gran éxito, es que se tiene un Ministerio Público independiente,” por lo que no se entiende ahora que quieren reformar la Constitución para darle la independencia que ellos mismos dicen que tiene. El jurista agregó que no hay ninguna razón de peso para justificar la reforma constitucional.

Sobre la necesidad de un referéndum, Fermín Cabral señaló: “Desde el momento en que usted decide agravar el procedimiento de reforma, eso significa que está cambiando el procedimiento de reforma,” por lo que es obligatorio realizar el referéndum aprobatorio.

De igual manera, habló en el panel Maribel Reyes, quien fuera asesora durante 10 años del presidente del Tribunal Constitucional. Aseguró que hay una serie de leyes pendientes de aprobación, ordenadas por la Constitución del 2010, entre estas la ley del referéndum, que, de acuerdo a Reyes, si se quiere colocar una cláusula pétrea a la Carta Magna, la aprobación de la ley de referéndum constituye la verdadera cláusula pétrea, pues se fortalecen las barreras de los mecanismos de modificación.

Todos los panelistas coincidieron en que la unificación de las elecciones constituye un retroceso, al igual que la propuesta de reducción de diputados, que limita la representación. Por lo tanto, la propuesta no tiene mucho sentido si lo que se quiere es ampliar la representación popular, más aún cuando se propone eliminar diputados electos por votos directos y ampliar la cantidad de diputados nacionales que son electos por las cúpulas de los partidos y no de manera directa por los electores.

Sobre la motivación de modificar la Constitución para consolidar el Ministerio Público, los juristas también coincidieron en precisar que la actual regulación constitucional garantiza la consolidación e independencia del Ministerio Público.

Finalmente, los juristas explicaron que hay muchas reformas pendientes, que son con las que el Poder Ejecutivo debe estar preocupado por la aprobación en el Congreso Nacional, como es la reforma penal, la reforma al sistema de salud, la reforma laboral, entre otras.