Fiscalía Santiago pide drasticidad contra acusados violar joven

La Fiscalía de Santiago ha pedido medidas de coerción ejemplares contra los seis detenidos. Pide 18 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público los acusa de violación sexual agravada, asociación de malhechores, intoxicación de la víctima y difusión de material sexual no consentido.
La audiencia para conocer la petición quedó pautada para el próximo miércoles y se piden 18 meses de coerción.
Hasta el momento, seis personas han sido arrestadas y puestas a disposición del Ministerio Público: José Alfonso Rubiera Rodríguez (se entregó voluntariamente en Santo Domingo); Edwin Manuel Castro Guzmán (a) Guaro; Yamir Fernando Pérez Toribio (a) Ferere; Javier Eduardo Núñez Toribio (a) Bebe; Oniel Rafael Pichardo Martínez (a) Contreras; Delfry de Jesús Rodríguez (a) Yiyo.
Según el Ministerio Público, la joven fue llevada a una residencia bajo engaño de que sería trasladada a un centro de salud, debido a que «se sentía indispuesta».
La agresión sexual fue cometida en marzo de este 2025.
En paralelo, se conoció que las autoridades investigan a la joven que acompañaba a la víctima la noche de los hechos. Buscan determinar si actuó como simple testigo pasiva o si, por el contrario, tuvo algún grado de complicidad al facilitar la vulnerabilidad de su amiga.
Aunque no se han presentado cargos en su contra, el Ministerio Público mantiene abierta esa línea de investigación.
La defensa de los imputados, encabezada por Rómulo Sánchez, sostiene una versión diametralmente opuesta: asegura que lo ocurrido fue una «relación consensuada» y que cuentan con pruebas para demostrarlo.
Esta postura ha sido rechazada de plano por especialistas en derecho penal y colectivos feministas, quienes han subrayado que el consentimiento es imposible cuando la víctima se encuentra bajo los efectos de sustancias que anulan su voluntad.
Juristas han calificado el caso como «atroz» y consideran que podría configurarse no solo como violación en grupo, sino también como un acto de tortura y barbarie, lo que permitiría al tribunal imponer la pena máxima de hasta 30 años de prisión.
Argumentan que concurren múltiples agravantes: la vulnerabilidad de la víctima, el número de agresores, la premeditación al suministrar sustancias y la posterior humillación pública derivada de la grabación y difusión del hecho.

