Funcionarios siguen renuentes a entregar informaciones a medios
Continúan las quejas de los medios de comunicación por la opacidad en las instituciones del gobierno y la negativa de los funcionarios para entregar informaciones solicitadas por los mecanismos que establece la ley.
En momentos en que desde las esferas palaciegas se pregona la “transparencia” son más los ministros y otros funcionarios de nivel que esconden informaciones.
Están utilizando tácticas dilatorias con el objetivo de que los medios bajen la guardia y se olviden de la documentación requerida sobre obras realizadas, ejecución y el dinero invertido.
Este viernes se unió a esas quejas el periódico Diario Libre, que elabora un amplio reportaje sobre las dificultades para obtener, vía el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública de la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD).
“Junio avanzaba ya sus primeros 20 días del año 2023 cuando Diario Libre solicitó a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), vía el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), informaciones sobre uno de los servicios que ofrece que serían utilizadas en una nota periodística.
La respuesta llegó el 12 de febrero de 2024, seis meses y 23 días después, pese a que la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública establece un plazo no mayor de 21 días (15 días hábiles) para que las instituciones respondan estos requerimientos.
En el ínterin no hubo llamadas ni escritos para pedir prórrogas, como también establece la ley, así que el medio debió publicar con informaciones a medias, la nota que preparaba.
No es un caso aislado. En numerosas ocasiones, instituciones públicas responden tardíamente o ignoran las solicitudes que se les hace, en franca violación a la Ley de Libre Acceso, y convirtiendo a la propia legislación y a la plataforma SAIP en mecanismos de distracción del usuario.
Informaciones que pudieran facilitarse por los departamentos de Prensa o Comunicaciones son declinados a las oficinas de libre acceso donde los solicitantes pueden ser ignorados por meses o por años.
Varios periodistas consultados tienen más de una experiencia que contar.
«Aunque en algunos casos la ley ayuda nuestro trabajo, pues hay muchas instituciones y encargados de Información que colaboran bastante bien, hay otros que “la ponen en China” y te hacen la vida imposible», comenta la periodista de investigación Yanina Estévez.
Menciona que las posposiciones de la entrega y que los funcionarios hacen esperar indefinidamente, imposibilitan al periodista, que tiene fecha para cerrar sus historias, continuar pendiente de la respuesta. «Es como si lo hicieran deliberadamente», comenta Estévez.
La periodista Carolina Pichardo también asegura tener solicitudes que llevan años sin ser respondidas, pero quedan en “proceso” en la plataforma.
En la actualidad, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) está apoderado de tres recursos de amparo presentados por un mismo medio de comunicación por esos motivos y, no muy lejano en el tiempo, se conocen incidentes sonoros que debieron ser decididos en los tribunales.
El artículo 8 de la Ley 200-04 establece que “toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”. Esa prórroga, indica, es excepcional.La legislación también consigna la obligación del Estado y de todos sus poderes y organismos de brindar la información que se solicite, con las excepciones que ella indica. La no entrega o el vencimiento de plazos se considera una negación de la información y violación a la legislación.
Ante la ausencia de respuesta o inconformidad con lo respondido, el solicitante podrá presentar un recurso jerárquico superior ante la entidad de que se trate y, luego, un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que decida sobre la solicitud.
El funcionario que deniegue la petición de información será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.
Recursos ante el TSA
Los periodistas no siempre se animan a emprender el camino del tribunal, que implica costos legales y demanda tiempo. En los últimos tres años y medios, al Poder Judicial han entrado 21 recursos de amparo por violación a la Ley 200-04. De esos, solo ocho tuvieron salida por decisión del tribunal.
Miguel Medina, gerente general del Grupo de Medios Panorama, recientemente llevó ante el TSA a varias instituciones estatales que, según alega, no le respondieron satisfactoriamente sus solicitudes. Para conocer los recursos a tres de ellas, los ministerios de Cultura y de Agricultura y el Consejo Estatal del Azúcar, ya fijó fecha.
“Sometimos una acción de amparo frente a instituciones que fueron notificadas de una petición de información sobre temas puntuales mediante carta dirigida al incumbente, vía la Oficina de Acceso a la Información. Solicitamos que nos fuera entregada por escrito y con copia certificada, para que no nos mandaran a un portal”, explica Medina.
Lo del portal institucional lo recalca porque, para él, cuando se sugiere esa vía, es una forma de darle vueltas a la petición para dificultar el acceso.
Una de las solicitudes fue dirigida al Ministerio de Cultura y a su titular Milagros Germán, en fecha 31 de enero. No obtuvieron respuesta y el 5 de marzo hicieron otra solicitud, con el mismo resultado. En la oposición era una de las personalidades abanderadas de la transparencia y rendición de cuentas a lo que ahora se niega.
Para Medina, el silencio institucional es una burla. Señala que las solicitudes no son sobre temas que ameriten reserva según las excepciones que plantea la norma, sino datos estadísticos de procesos de compras realizados.