Generales Caso Coral buscan hoy revisión medidas coerción
Varios oficiales de las Fuerzas Armadas que guardan prisión imputados en el denominado Caso Coral 5 G, se presentarán este martes ante jueces del Distrito Nacional en busca de que le varíen las medidas coercitivas que los mantienen en la cárcel de Najayo.
El general Julio Camilo de los Santos Viola, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), acudirá al Sexto Juzgado de la Instrucción que preside la magistrada Yanibet Rivas, donde interpuso una revisión de la medida de coerción, con el fin de obtener su libertad.
La revisión fue interpuesta por el imputado, a través de su abogada Wendy Lora, quien alega que ya variaron los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva dictada en su contra por la jueza Kenya Romero.
En el caso también figura como imputado el general Juan Carlos Torres Robiou, quien fungió como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) por siete años y separado del cargo cuando fue salpicado por la Operación Coral.
El general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, de la Armada y el mayor de la Policía Nacional, José Manuel Rosario Pirón, acudirán a las 9:00 de la mañana a la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación.
En este tribunal, los imputados elevaron un recurso de apelación en contra de la decisión dictada por la jueza del juzgado de Atención Permanente, Kenya Romero, que dispuso su envió a la cárcel de Najayo, tras dictar un año de prisión preventiva en su contra.
En el caso se encuentran involucrados, además, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo, el cabo Jehohanan Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Mientras que, en el caso Coral, figuran como imputados el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Girón Jiménez se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
Los implicados fueron acusados de cometer asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte ilegal de armas de fuego.