Gobierno apura proceso de privatización Punta Catalina
Por Williams Tell B.
El gobierno lleva como «caña para el ingenio» el proceso de privatización de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina
Ya el Consejo Económico y Social (CES) abrió una consulta pública para que la población pueda presentar sus propuestas sobre el fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), que se encuentra en proceso de debate en el organismo.
La convocatoria está abierta desde el 6 de abril durante 25 días y pueden participar todos los ciudadanos o instituciones interesados en presentar recomendaciones para mejorar el proyecto presentado por el presidente Luis Abinader en septiembre del 2021 mediante el decreto 538-21.
Quienes deseen participar en la consulta pública pueden enviar sus aportes de no más de 15 páginas y en formato digital al correo cesconsultafideicomiso@gmail.com. El proponente debe estar identificado con sus datos generales.
Fue el presidente Luis Abinader quien le solicitó al CES abrir la convocatoria para validar sus propósitos de entregar al sector privado la administración y operación de Punta Catalina, un proyecto en el que el Estado Dominicano invirtió más de dos mil millones de dólares..
“Después de haber tomado conocimiento previamente de la comunicación de solicitud del excelentísimo Presidente de la República, Luis Abinader Corona, respecto a convocar a todos los sectores interesados en presentar propuestas y recomendaciones que sirvan para una mejor y más completa articulación del fideicomiso de la gestión de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina acoge el informe de la Comisión Ejecutiva de fecha 17 de marzo de 2022 (…)”, precisa la convocatoria.
Pero en lo que se completa este proceso, definido como la «crónica de una muerte anunciada», ya el gobierno puso al frente de Punta Catalina a un importante emisario del empresariado, Celso Marranzini, de quien se dice que tiene intereses en el sector eléctrico privado.
El decreto establece que el objeto del fideicomiso es crear una estructura de «gestión independiente para la administración transparente y eficiente de la planta» para asegurar su adecuada operación. Las plantas serían entregadas al sector privado, que no aportó un centavo en su construcción, por espacio de tres décadas.