Gobierno con festival de compras con argumento «seguridad nacional»
Ya son 14 las instituciones que participan en esa "zafra"

Por Jeannette Kranwinkel.
El gobierno sigue inclinándose por las sospechosos compras discrecionales para lo que utiliza el argumento de la «seguridad nacional» para evitar dar explicaciones sobre los millones involucrados en esas operaciones y las empresas detrás de esos privilegios.
El pretexto de la «crisis haitiana» ahora está detrás de una serie de compras, principalmente de equipos bélicos militares, en un país que no está en guerra con nadie.
El «banderazo de salida» para estas compras se dio en octubre del 2022, cuando el presidente Luis Abinader anunció desde la frontera con Dajabón, una compra sin precedentes que definió como «un robusto equipamiento militar para garantizar la seguridad en la frontera con Haití», incluyendo reemplazo de 6 helicópteros Huey II, 10 nuevas aeronaves para reconocimiento y vigilancia.
Ese aprovisionamiento es complementado con la actualización y modernización de los equipos de radioayuda para la navegación aérea, nueva torre de control y sistema de luces en la Base Aérea de San Isidro.
El nuevo equipamiento incluye 21 vehículos blindados de transporte de personal y 4 camiones antimotines para modernizar la flotilla del Ejército de República Dominicana. Los blindados, la mayor adquisición de ese tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos a partir de 1961, son de última generación, de la marca URO, modelo Vamtac ST5, con capacidad para transportar 9 efectivos y están dotados de armas automáticas para autodefensa.
Se ha conocido que desde el Palacio Nacional seis instituciones recibieron la luz verde para realizar compras bajo el régimen de seguridad nacional.
La medida está contenida en los decretos 186-25 y 205-25, emitidos los días 3 y 14 de abril de 2025, respectivamente.
En esta nueva zafra los beneficiados con las contrataciones por razones de «seguridad nacional» son: el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), la Dirección General de Pasaportes, el Departamento Aeroportuario, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Migración (DGM) y la Procuraduría General de la República (PGR), sumando ya 14 las instituciones que se benefician con este régimen de compras que con el tiempo terminan en escándalos.
Esas instituciones son, el ministerio de la Presidencia, en calidad de órgano superior del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS). Ministerio de Interior y Policía (MIP),Ministerio de Defensa (MIDE), Ejército de República Dominicana, Armada de República Dominicana, Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Policía Nacional (PN) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Por definición, las situaciones de seguridad nacional son aquellas amenazas, de origen interno o externo, que atentan contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de la vida y la libertad de la población.
De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 111-22, se declaran de seguridad nacional las contrataciones para armas letales y no letales, municiones, chalecos antibalas, bombas de gas, vehículos de combate, aviones, drones, barcos, equipos marítimos de táctica y asalto, así como repuestos y accesorios una vez se venza la garantía de esos equipos.
En las compras de excepción por seguridad nacional se incluyen radares terrestres, navales y aéreos; sistemas informáticos (software y hardware); y equipos de alta tecnología destinados a la seguridad ciudadana y la defensa nacional. También se consideran los servicios de consultoría o asistencia técnica vinculados exclusivamente a la seguridad ciudadana y la defensa nacional.