Gobierno dominicano mal parado en reunión de la SIP
Lo acusan esconder informaciones
Por Williams Tell B.
El gobierno del Presidente Luis Abinader ha quedado mal parado en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al incluirlo en un grupo de doce en los que se restringen los derechos constitucionales y las leyes de acceso a la información pública.
En una resolución aprobada al término de la reunión semestral de esta organización de medios de comunicación con sede en Miami se pide también a los Gobiernos del continente que “se abstengan de obstaculizar y restringir el trabajo de la prensa” y “desmantelen la cultura del secreto”.
En los “considerandos” de la resolución se afirma que “las restricciones al acceso a la información son una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información”.
Según la SIP, los países donde los periodistas y medios de comunicación padecen esas restricciones son Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay,Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
La resolución expone la situación en esta materia en algunos de esos países y destaca en contraposición la derogación en Honduras de la Ley de Secretos de 2014 que vulneraba el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia.
La resolución se hace eco también de que en República Dominicana se han registrado quejas de medios de comunicación por las reticencias de funcionarios o instituciones públicas a divulgar informaciones de interés ciudadano.
La SIP agrega que en Venezuela se bloquea el acceso a medios digitales, plataformas de multimedia, streaming y redes sociales, acción ejecutada por las empresas de telecomunicaciones oficiales y privadas, con la intención de amordazar al periodismo independiente.
Además, se hace referencia a dos principios de la Declaración de Chapultepec sobre Libertad de Prensa que se refieren a este problema.
El Principio 3 establece que “las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”, y el Principio 5 dice que “la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa”.