El partido de gobierno, el PRM, ha salido a defender el controversial proyecto que elimina los aranceles y que se ha convertido en una amenaza que rechazan con energía los productores agropecuarios y el sector industrial del pais.
La organización oficialista admite que el gobierno no está en capacidad de remover unilateralmente las causas del proceso inflacionario que ha disparado los precios de alimentos y combustibles.
Miguel Ceara Haton ministro de Economía; Limber Cruz, de Agricultura y el director del Banco Agrícola Fernando Durán, fueron los voceros del PRM, para tratar de tranquilizar a los sectores productivos que han pedido al presidente Luis Abinader dejar sin efecto un proyecto que ya fue aprobado atropelladamente por la mayoría del oficialismo en la Cámara de Diputados.
En una rueda de prensa realizada este domingo en la casa Nacional del PRM, los funcionarios dijeron que apelarán a la sensatez de los congresistas para buscar el consenso y lograr la aprobación del controversial proyecto de ley.
Agregan que en estos últimos dos años hemos estado viviendo una situación excepcional como consecuencia, primero de la pandemia del COVID-19, luego con el alza en los precios del petróleo, los fletes y otras materias primas esenciales para la producción local, disrupciones en la cadena de suministro y más recientemente el conflicto de Ucrania.
Afirmaron que ante este contexto, resulta necesario mitigar el impacto del aumento de los precios en los productos de la canasta familiar. El gobierno dominicano con la propuesta de ley de suspender los aranceles que pagan 67 productos alimenticios para entrar al país tiene el objetivo de proteger el presupuesto de la familia dominicana.
Tras enumerar algunos de los productos, dijeron que esa gran mayoría entran actualmente exonerados de aranceles desde los Estados Unidos en virtud del acuerdo de libre comercio con ese país.
“Con esta medida si bien no se remueven las causas de la inflación internacional si puede mitigar el impacto de la inflación en los hogares” afirmaron mientras enfatizaron en que esta ley es transitoria y que solo estará en vigencia durante seis meses a fin de que el sector agropecuario no se vea afectado.