Gobierno retira proyecto ley mordaza de la Cámara Diputados
Ley Ciberdelincuencia amenaza libertad expresión
Por Williams Tell B.
El Presidente Luis Abinader ha ordenado el retiro del controversial proyecto de ley contra la Ciberdelincuencia, que contiene aspectos que podrían atentar contra derechos y medios de comunicación, cercenando la libertad de expresión en la República Dominicana como advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La información la ofreció a través de su cuenta de twitter el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta.
“Por instrucción del Ptde de la Rep. estoy procediendo a retirar de la C. de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelicuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión” indicó el funcionario.
El proyecto, que había pasado desapercibido, al analizarlo contiene serias amenazas.
Una de ellas establece que el Ministerio Público si lo considera necesario, podría secuestrar un sistema de información o una parte de sus componentes.Lo dice el artículo 39 acápite E del proyecto que sometió al congreso nacional el pasado catorce de junio el Poder Ejecutivo.
Para ello se auxiliará del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y de la Policía Nacional.
La situación había llegado a un extremo que preocupó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que emitió un comunicado sumamente crítico contra el gobierno dominicano la semana pasada.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por varios proyectos de ley en República Dominicana que insisten en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio, y sobreprotegen a los dirigentes ante las críticas.
Según manifestó el gremio, la situación genera un efecto de inhibición para la libertad de prensa y la labor periodística.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó: “Vemos con preocupación que República Dominicana esté virando en posición contraria a la libertad de prensa”. Canahuati, presidente del Grupo OPSA, de Honduras, agregó que estas son épocas para descriminalizar los delitos de difamación cuando se refieren a personas públicas y para eliminar los privilegios de los poderosos, no para potenciarlos, como bien lo hicieron en República Dominicana años atrás”.
Mientras que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo: “Será importante que las autoridades dominicanas traten de adaptar la legislación nacional a los criterios de la jurisprudencia interamericana”. Añadió que “legislar a ciegas conlleva el riesgo de que se retroceda décadas y se caiga en los autoritarismos del pasado, siempre dispuestos a cercenar la libertad de prensa y la labor independiente y crítica de los medios y periodistas”.