Gobierno sigue utilizando dinero del Fonper
Se incumple anuncio de eliminación
Las cosas que no se entienden en este país.
El Fonper, una institución satanizada al extremo de que el propio presidente Luis Abinader anunció su eliminación, sigue operando y hasta llamando para una inversión millonaria.
El Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (FONPER), es una especie de “muerto en vida”, con capacidad para nutrir las finanzas en el gobierno a pesar de la campaña que desacreditó al organismo, con su ex director Fernando Rosa preso acusado de corrupción.
Fonper está llamando a un proceso de licitación pública para terminar obras iniciadas en la pasada gestión.
Son diez obras de construcción que ejecuta esa institución para las que requerirá de 70.9 millones de pesos para poder concluirlas, de acuerdo a la certificación de fondo y a la solicitud de compra que soportan la licitación FONPER-CCC-LPN-2022-0001.
Las obras incluyen dos funerarias, una en Montecristi y otra en Espaillat; dos centros de confección textil y centro de madres, una en la Cumbre, en Santiago y otra en Quita Coraza, Barahona; cinco reposterías distribuidas en San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, así como un destacamento policial en la Cumbre, Santiago.
La publicación de la licitación se hizo el pasado 2 de junio y, según especifica, los interesados tienen hasta el 19 de julio para presentar ofertas, las que pueden entregar de forma directa en el Departamento de Compras del Fonper o a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
En la licitación, cuyo pliego de condiciones ya está disponible en la página del Fonper, se especifica que es para la “adquisición e instalación de equipos para proyectos iniciados y no terminados en la pasada gestión gubernamental (2016-2020).
La solicitud de compra detalla artículos como plantas eléctricas, aires acondicionados, abanicos, neveras, hornos, batidoras, amasadoras, sobadoras, entre muchos otros.
El Fonper fue creado en 2001 como la entidad gubernamental encargada de administrar y custodiar las acciones que tiene el Estado en las empresas que fueron privatizadas a partir del 1997. Solo el año pasado, la entidad manejó ingresos por 3,986, millones de pesos. Pese a la promesa de su eliminación, a casi dos años de la gestión perremeísta no se ha informado de acciones encaminadas a ese propósito.