Gobierno tampoco consensuó aumento tarifas construcción
Los constructores del Cibao también han rechazado el aumento de las tarifas para los proyectos que ha dispuesto el ministerio de la Vivienda en momentos en que ese sector atraviesa por una situación difícil que se refleja en las estadísticas del Banco Central con el marasmo de esa importante industria.
La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) advirtió sobre el impacto económico que representan las nuevas tarifas impuestas para los trámites y servicios de inspección en la Ventanilla Única de Construcción.
Afirman que esta medida contribuyen a elevar de manera significativa los costos operativos del sector.
Según informó Aprocovici, las nuevas tarifas informadas por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) representan un aumento significativo en los costos operativos para los desarrolladores inmobiliarios.
Entre las medidas señaladas, se destacan tasas mínimas de hasta 6,000 pesos, montos que oscilan entre 55,000 y 80,000 pesos por inspecciones, y un nuevo cobro del 0.1 % sobre el valor tasado de cada proyecto. Estas cargas económicas, según la entidad, no han sido previamente consensuadas con el sector y resultan desproporcionadas.
«Estos aumentos excesivos no tienen base legal clara y nos veríamos en la obligación de transferir estos costos directamente a los compradores finales, afectando el precio de la vivienda e incrementando las barreras de acceso, especialmente para los segmentos de clase media y bajo costo», expresó el presidente de Aprocovici, Sandy Joel Rodríguez.
La asociación advierte que esta decisión llega en un momento crítico para el sector construcción, que enfrenta una disminución en las ventas, mayores costos financieros y una desaceleración en el inicio de nuevos proyectos.
Aumentar las cargas en estas circunstancias —de acuerdo al gremio— agravará aún más la situación y pondrá en riesgo miles de empleos, así como las metas nacionales en materia de vivienda.
Asimismo, se alertó que la medida podría tener un «efecto paralizante» sobre nuevos desarrollos habitacionales, al desalentar la inversión y dificultar el cumplimiento de los objetivos de acceso a vivienda digna y asequible. En un contexto de restricciones en el financiamiento, estas decisiones representan un obstáculo adicional para la sostenibilidad del sector.