Gonzalo advierte persecución política a través abogados del gobierno
El ex candidato presidencial peledeista, Gonzalo Castillo, ha calificado como persecución política la apelación de los abogados del Estado al No Ha Lugar que dictó a su favor el juez que conoció el denominado Caso Calamar.
El exministro de Obras Públicas se refirió al recurso de apelación interpuesto por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) contra la decisión judicial que le otorgó un auto de no ha lugar en el caso de presunta corrupción administrativa.
A través de una publicación en su cuenta de X, Castillo aseguró que la acción busca revocar la decisión emitida por el tribunal y mantener las medidas de coerción en su contra para afectar sus aspiraciones presidenciales con miras a las elecciones de 2028.
«Hoy el Gobierno del PRM y sus abogados apelaron la decisión de la jueza que me otorgó un auto de no ha lugar. Quieren revocar la decisión y mantener medidas de coerción en mi contra para tratar de frenar mi candidatura en 2028. Esto es persecución política pura #Lawfare», escribió el dirigente político
En el mismo mensaje agregó: «¡El pueblo no es tonto! ¡No lo van a lograr! ¡No nos van a detener! Vamos con to’, por la República Dominicana que soñamos».
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público interpuso este lunes un recurso de apelación parcial contra la decisión emitida el pasado 29 de mayo que favoreció a Castillo con un auto de no ha lugar.
El recurso fue depositado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con la finalidad de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque la resolución y ordene la apertura de un juicio de fondo contra el exfuncionario.
El ERPP también solicitó que se mantengan las medidas de coerción y las restricciones patrimoniales mientras la Corte conoce el recurso.
En su escrito, el organismo sostiene que la decisión judicial incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, particularmente las relacionadas con los presuntos vínculos de Castillo con el esquema de corrupción descrito en la acusación del Caso Calamar.