Hacinamiento personas detenidas destacamentos PN Santo Domingo Este

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) interpuso una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este,

Una inspección de la Defensoría Pública a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamilir y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este reveló graves condiciones de hacinamiento, insalubridad y vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad recluidas en ese destacamento policial.

En respuesta a la visita de inspección de las defensoras Nelsa Almánzar y Winie Adames  se elevará una acción constitucional de amparo, tras verificar que 85 personas permanecían detenidas en un espacio destinado exclusivamente para detenciones temporales.

De ese total, 27 estaban pendientes del conocimiento de medidas de coerción o de diligencias procesales ante el Ministerio Público, mientras que 58 ya habían sido sometidas a medidas de coerción por los tribunales competentes, pero continuaban recluidas en el destacamento debido a la falta de traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.

La Defensa Pública advirtió que esta situación evidencia fallas en el sistema de traslados penitenciarios, lo que prolonga de manera indebida la permanencia de personas.

El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió que esta situación no constituye un hecho aislado y denuncia que es una problemática que se ha agravado en distintos destacamentos de SDE.

«No podemos normalizar que personas permanezcan durante días o semanas en destacamentos policiales que fueron concebidos para detenciones transitorias. Esta situación vulnera la dignidad humana, afecta el debido proceso y compromete seriamente el funcionamiento del sistema de justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de detención acordes con la Constitución y asegurar el traslado oportuno de quienes ya cuentan con una medida de coerción hacia los centros penitenciarios correspondientes», expresó

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