¿Hay un eslabón militar perdido en expediente Operación Camaleón?
Ministerio Pública cita al Ministerio de Defensa

En el expediente de corrupción denominado Operación Camaleón, que tiene como protagonistas principales a Jochi Gómez Canaán y a Hugo Beras, faltan muchos eslabones como la complicidad de funcionarios civiles y militares en un entramado que comprometió la seguridad nacional, en el que se menciona el Ministerio de Defensa, pero tampoco se cita a un oficial de las Fuerzas Armadas.
Algunos se preguntan, como Jochi Gómez pudo poner al servicio de sus empresas, que el Ministerio Público dice que son de carpeta en su mayoría, tecnología militar.
Para a través de su empresa Aurix S.A.S accesar a plataformas interconectadas de vidovigiancia y control con fines de espionaje, necesariamente debió tener complicidad con altos mandos de las Fuerzas Armadas que no aparecen en el expediente con la acusación formal presentada por la procuraduría general de la República.
También Jochi Gómez importó de manera irregular tecnología de uso militar y se habla de equipos que fueron utilizados en las elecciones del 2020 que ganó el hoy presidente Luis Abinader.
En el entramado de corrupción el Ministerio Público acusó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y al Ministerio de Defensa (MIDE) de uso indebido de plataformas de video vigilancia, comprometiendo la seguridad ciudadana y la integridad de los datos del Estado.
La acusación formal, presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante la jueza coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, señala que el Intrant otorgó, mediante contratos y convenios irregulares, acceso privilegiado a sistemas críticos a las empresas Dekolor S.R.L., Pago RD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L.
Esos accesos fueron presuntamente usados para manipular y desviar fondos públicos, encubrir operaciones ilícitas y lavar activos, poniendo en riesgo la seguridad tecnológica e institucional del Estado.
Respecto al Ministerio de Defensa, se comprobó que, a través de un acuerdo con la empresa Aurix S.A.S., se permitió acceso no autorizado a plataformas interconectadas de videovigilancia y control, utilizadas como instrumentos de espionaje y encubrimiento patrimonial, violando principios de confidencialidad y seguridad nacional.
El Ministerio Público identificó como elemento común a José Ángel Gómez Canaán (Jochy), quien, mediante prestanombres, mantiene vínculos societarios con las empresas involucradas. Según la acusación, Gómez dirigió un entramado criminal orientado a la estafa contra el Estado, lavado de activos, sabotaje tecnológico y apropiación ilícita de fondos públicos, consolidando control sobre infraestructuras críticas del Gobierno.
Entre las irregularidades figura el control operativo del sistema semafórico, a cargo de una persona con antecedentes de uso ilícito de información estatal, la relación de confianza entre Gómez y Hugo Beras, exdirector del Intrant y la firma de un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa en 2020, que permitió acceso a información sensible y la importación irregular de tecnología de uso militar.

Además de Gómez Canaán, figuran imputados Hugo Beras, acusado de dirigir y autorizar contratos fraudulentos y manipular la integración de autoridades para beneficiar empresas de carpeta; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho del Intrant y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología.
Asimismo, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico y supuesto prestanombre de Gómez; Carlos José Peguero Vargas, encargado técnico de la estructura de vigilancia; Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange y Henry Darío Féliz Casso, asistente personal de Gómez.
El documento establece que, a través de los contratos «fraudulentos» y varias adendas, el imputado obtuvo sumas millonarias del Estado de forma irregular «por servicios inexistentes o sobrevaluados». Muchos de esos fondos fueron utilizados para adquirir costosos bienes inmuebles en el país y en el extranjero. Una de esta adquisición fue un apartamento en el Residencial Logroval XVI en el Distrito Nacional y una villa en la provincia La Altagracia.
El expediente refiere que para adquirir «bienes inmuebles de alto valor con fondos sustraídos del Estado», se creó la empresa de papel OML Inversiones, S.R.L., la cual era utilizada por Gómez Canaán para tales fines.
Cita que otros inmuebles fueron comprados en el Distrito Nacional y Jarabacoa y registrados a nombre del imputado, «pero financiados con dinero proveniente de contratos irregulares».
Transcore Latam fue la compañía que ganó la licitación de más de 1,300 millones de pesos del Intrant para seguir supliendo los servicios de la licencia de conducir. El proceso fue denunciado como amañado y, posteriormente, en la gestión de Milton Morrinson fue anulado. Fue firmado cuando Hugo Beras era director de la entidad. Beras figura entre los principales acusados en el expediente.
Las compañías de Jochi Gómez o vinculadas a él están acusadas de controlar fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia (espionaje), y contrabando de equipos para espionaje en las elecciones durante la pandemia del COVID-19. Además, de movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar acciones típicas de lavado de activos. El Ministerio Público lo acusa del «sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido a finales de agosto 2024, lo que constituyen actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado dominicano».
Jochi Gómez fue dejado detenido el tres de octubre del pasado 2024 luego de ser interrogado por más de cuatro horas en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca). Luego se le dictó prisión preventiva. El 13 de noviembre del mismo año fue dejado en libertad tras el pago de una fianza de cinco millones de pesos.
A continuación los nombres de las empresas, los contratos firmados con el Intrant y sus alegadas actividades irregulares.
Transcore Latam, S.R.L., empresa controlada por José Ángel Gómez Canaán a través de testaferros y socios nominales, fue utilizada para ejecutar «contratos fraudulentos» con el Intrant, principalmente en el proceso INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, mediante el cual obtuvo pagos millonarios por servicios inexistentes o sobrevaluados. Con esos fondos se realizaron transferencias internacionales, importación de vehículos de lujo y pagos a empresas vinculadas al mismo entramado. También, era la empresa que poseía los controles remotos de la red semafórica, interconectados con Aurix S.A.S., siendo las responsables del sabotaje a dicha red. Su participación constituye estafa agravada contra el Estado, desfalco, lavado de activos y asociación de malhechores.
PagoRD Xchange, S.R.L., creada formalmente para gestionar pagos electrónicos del Intrant, en realidad fue una estructura fraudulenta dirigida por Gómez Canaán, que se apropió indebidamente de los ingresos públicos bajo el pretexto de cobrar comisiones por servicios. Además de sustraer fondos del Estado, realizó transferencias millonarias hacia OML, Transcore y cuentas personales de Gómez Canaán, y adquirió bienes de lujo en el país, como un apartamento en el Residencial Logroval XVI y una villa en Punta Cayuco, Cap Cana. El Ministerio Público dice que su actividad encuadra en los delitos de estafa contra el Estado, lavado de activos y asociación de malhechores.
Industria Soltex Dominicana, S.R.L., empresa vinculada indirectamente a Gómez Canaán, recibía fondos de origen ilícito provenientes del entramado, los cuales luego eran reintroducidos en la economía formal mediante operaciones comerciales aparentes. Desde sus cuentas se efectuaron pagos destinados a operaciones de contrabando y lavado transnacional, constituyendo una pieza de apoyo financiero en la estructura criminal, con participación en lavado de activos, contrabando y asociación de malhechores.
Dekolor S.R.L., beneficiaria del contrato INTRANT-CCC-LPN-2019-0007, fue utilizada para encubrir el desvío de ingresos públicos mediante adendas irregulares y sobrevaluaciones, en connivencia con funcionarios del Intrant y con Gómez Canaán, quien controlaba indirectamente su accionar. La empresa consolidó el monopolio de emisión y renovación de licencias, manipulando tarifas y sistemas informáticos. Su actuación configura los delitos de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsedad ideológica y lavado de activos.
Aurix S.A.S., empresa de José Ángel Gómez Canaán, fue «presentada falsamente» como una firma de seguridad e inteligencia. Sin embargo, el expediente señala que su verdadera función era servir de instrumento de espionaje, sabotaje tecnológico y ocultamiento patrimonial, interconectando ilícitamente los sistemas de videovigilancia y semaforización del Estado a una red privada bajo control de Gómez Canaán. «Carece de patrimonio y estructura empresarial real», establece. Su operación se enmarca en los delitos de terrorismo, sabotaje a infraestructuras críticas, lavado de activos y asociación de malhechores.
Inprosol, S.R.L., empresa vinculada directamente a Transcore Latam, S.R.L., participó activamente en la movilización y ocultamiento de fondos ilícitos provenientes de los contratos fraudulentos. Sus cuentas recibieron y transfirieron montos significativos a favor de Gómez Canaán y de sus allegados, funcionando como empresa de paso (vehículo financiero) dentro del esquema de lavado, además de justificar las transferencias con supuestas actividades de servicios, con el fin de aparentar actividad comercial alguna. Se le atribuyen los delitos de lavado de activos, complicidad en estafa contra el Estado y asociación de malhechores.
OML Inversiones, S.R.L., empresa de papel utilizada por José Ángel Gómez Canaán para adquirir bienes inmuebles de alto valor con fondos sustraídos del Estado. Entre sus propiedades se destacan apartamentos de lujo en el Residencial Logroval XVI del Distrito Nacional e inmuebles en Jarabacoa y Cap Cana, registradas a su nombre, «pero financiadas con dinero proveniente de contratos irregulares». «Su operación constituye un clásico mecanismo de encubrimiento patrimonial, siendo vehículo directo de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores», dice el Ministerio Público.
Para a través de su empresa Aurix S.A.S accesar a plataformas interconectadas de vidovigiancia y control con fines de espionaje, necesariamente debió tener complicidad con altos mandos de las Fuerzas Armadas que no aparecen en el expediente con la acusación formal presentada por la procuraduría general de la República.

Respecto al Ministerio de Defensa, se comprobó que, a través de un acuerdo con la empresa Aurix S.A.S., se permitió acceso no autorizado a plataformas interconectadas de videovigilancia y control, utilizadas como instrumentos de espionaje y encubrimiento patrimonial, violando principios de confidencialidad y seguridad nacional.