Hugo Beras y Jochi Gómez en Najayo hasta después de enero
Pasaron su primera noche en la cárcel de Najayo Hugo Beras y Jochi Gómez Canaán, enviados por 18 meses como medida de coerción por las irregularidades detectadas en la Operación Camaleón con la instalación del sistema semafórico de Santo Domingo.
También los acompaña Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Los tres se pasarán las fiestas navideñas en prisión, porque la revisión obligatoria de la medida cautelar la fijaron para el 9 de enero del añ próximo.
El traslado desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en Santo Domingo, hasta la cárcel de Najayo en San Cristóbal, se efectuó pasadas las 11 de la noche. Antes fueron visitados por el director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, quien ha puesto un interés especial por estos imputados.
El Ministerio Público les imputa participación en el supuesto caso de corrupción perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), a través de un contrato con la empresa Transcore Latam para intervenir el sistema semáforico del Gran Santo Domingo.
Por el caso, a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza dispuso arresto domiciliario y presentación periódica.
Los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas recibieron una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.
La revisión obligatoria de las medidas será el 9 de enero de 2025.
La investigación del Ministerio Público, denominada operación Camaleón, que consta de más de 300 páginas, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
El grupo fue arrestado durante diversos allanamientos a residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Las supuestas irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.