Impunidad para los de arriba y castigo para los de abajo

Por Guillermo Tejeda

(Director Resumen Final Digital)

En la República Dominicana se está registrando un peligroso fenómeno que promueve la impunidad para los de arriba y el castigo para los de abajo.

Hay dos acontecimientos lamentables que no dejan lugar a dudas de hacia los despeñaderos hacia los que nos conducen, desconociendo las autoridades que el daño moral generado por la impunidad en las víctimas y en la comunidad social deslegitima a los poderes públicos,y alienta las ilusiones sociales de enfrentar o procesar la criminalidad por vías extrajudiciales.

Los hechos, por más deleznables que sean, si son cometidos por familias de apellidos o nuevos ricos con fortunas amasadas por sus cercanías con grandes empresarios, como la desgracia de la discoteca Jet Set, son minimizados, trivializados para buscarle un bajadero que impida que les caiga el peso de la ley.

Pero si es un descamisado, un Juan de los palotes el que infringe la ley, por más leve que sea el delito, las autoridades se esmeran en que reciba con todo rigor el peso de las sanciones.

En el Caso Jet Set, con 238 muertos, la peor tragedia ocurrida en el país en los últimos años, desde el mismo Ministerio Público se encargaron de garantizar la impunidad, con una acusación que le abría las puertas para regresar a sus hogares a los dos principales imputados, sin pisar ni de visita la cárcel de Najayo, en una prisión que solicitan los fiscales para quienes no están en la gracia del poder político que proclama a todo pulmón una «justicia independiente».

En La Vega, se desprendió el techo de un local comercial, con el saldo de una persona muerta, pero el Ministerio Público puso en marcha su zafarrancho motivando una medida de coerción de cárcel para esos huérfanos de apellidos sonoros sin vinculación gubernamental.

Ahora hay otra tragedia, que tiene que compararse con un hecho ocurrido en un barrio de Santo Domingo Este, que tiene como protagonista una mujer pobre, pero médico de profesión, oficial militar, pero sin el abolengo del apellido.

Nos referimos al incidente protagonizado por un joven de clase acomodada en un condominio del exclusivo sector capitaleño del Ensanche Naco.

Primero la policía lidió con el joven Jean Andrés Pumarol Fernández por espacio de dos horas, a pesar de que armado de cuchillos ya había dado muerte a una señora de 70 años, herido a su padre y a otros cuatro vecinos.

La policía utilizó las técnicas ausentes en sus actuaciones en los barrios populares y con mucha delicadeza logró controlar al joven sin provocarle el más mínimo rasguño, sin producirse los ya acostumbrados «intercambios de disparos»

Se estaba actuando en un sector de clase alta, con familias de apellidos, algunas vinculadas con personajes políticas de envergadura y no debía haber margen de error, de excesos sin importar la magnitud de los hechos cometidos por Pumarol Fernández quien ya detenido fue trasladado a un centro médico para evaluar su condición de salud, ante la versión familiar de que era un paciente con expediente siquiátrico.

Ya favoreciendo su no procesamiento judicial se han pronunciado connotados abogados y médicos especialistas en salud mental, lo que no ha ocurrido cuando el protagonista de hechos similares es una persona sin abolengo.

Como es el caso de la doctora  Ana Josefa García Cuello quien el año pasado en un ataque de locura mató a su hijita de 6 años en el sector Los Trinitarios, en Santo Domingo Este. Para ella el tratamiento fue muy diferente, la policía actuó con gran aparatosidad, la trasladaron al destacamento más cercano y de allí a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde los fiscales raudos solicitaron un año de prisión de los cuales lleva once meses en Najayo.

Con esta madre no hubo consideración, se le tildó como una asesina y no aparecieron las voces pidiendo que se le sometiera a exámenes clínicos para determinar su condición mental, a pesar de que su esposo reveló los episodios de esquizofrenia de la dama, confirmado por vecinos de Los Trinitarios.

En el país hay dos varas para medir a quienes infringen la ley, lo que solo produce impunidad e indignación, caldo de cultivo para generar más violencia social. Es la posibilidad de dañar sin consecuencias

Estamos frente a una sociedad que se hace de la vista gorda cuando los errores tienen como protagonista a los de arriba y nos apuramos a condenar sin investigar a los de abajo y lo lamentable es que esta cultura se auspicia desde sectores de poder que deberían estar comprometidos con un mejor país.

La impunidad puede generar indignación, especialmente cuando se percibe que las autoridades o el sistema de justicia no están haciendo lo suficiente para investigar y castigar los delitos. 

El rostro de la impunidad hay que desnudarlo para no seguir alimentando  la desconfianza hacia la autoridad.

Hace falta equidad e igualdad en el sistema de justicia dominicano para el mantenimiento de la paz social.

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