Jean Alain pide auditar sus declaraciones juradas de bienes

El ex procurador general de la República,  Jean Alain Rodríguez, sometió una solicitud a la PEPCA y a la Cámara de Cuentas para que sean auditadas de manera exhaustiva, sus declaraciones juradas de bienes durante  el tiempo que ocupó cargos públicos.

Junto a sus abogados, Rodriguez ha solicitado todas las copias de las auditorías, informes y comunicaciones realizadas, remitidas y/o recibidas durante su gestión al  frente a la Procuraduría General de la República, durante el período 2016-2020 respecto a la gestión administrativa, contable y financiera de la institución.

“Jean Alain Rodríguez es el más interesado en que esta auditoría se realice. Por tanto, se han remitido varias comunicaciones para solicitar a la entidad competente y autorizada que realice este escrutinio sin haber recibido respuesta, como si la PEPCA quisiera esconder la verdad. Requerimos que a la mayor brevedad posible ese organismo realice una auditoría no solo a su patrimonio personal, sino a la gestión completa”, señaló Gustavo Biaggi Pumarol.

“Nuestro cliente tiene cómo justificar cada peso que la ha ingresado en las últimas décadas. No ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos ya que siempre ha preferido la transparencia. Además, tiene todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie” añadió Biaggi.

Señalaron que a su cliente le han incautado un sinnúmero de bienes de manera ilegal y arbitraria. Alegan que pertenecen a entidades societarias compartidas con terceros y familiares con todo su patrimonio personal generado previo a su designación como Procurador General, de manera transparente, con recursos lícitos y oficiales.

Recuerdan que sometieron un recurso al Ministerio Público hace más de seis meses para la devolución inmediata de estas propiedades, sin haber obtenido respuesta oficial.

Señalaron que todos sus bienes figuran dentro de los activos presentados en sus declaraciones juradas de los años 2012, 2016 y 2020. Esto ha sido de forma directa o como parte de los activos de sociedades parcialmente de su propiedad.

Insisten en que el patrimonio ha sido declarado de forma transparente y con todos sus justificativos y pago de impuestos. Por tanto, solicitan una auditoría e informe evaluativo de su patrimonio que refleje la verdad.

Resaltó que previo a ejercer la función pública representó cientos de empresas de prestigio registrando como parte de su práctica privada más de 1,000 millones de dólares de inversiones de sus clientes en el Centro de Exportación e Inversión de proyectos turísticos, de energía y otros.

A modo de ejemplo, dice que desde el año 1999 formó parte del equipo legal del sector privado que representó a las empresas privatizadas del sector eléctrico. Pero también en la instalación de decenas de hoteles en la zona de Bávaro y Punta Cana.

Explica que esto demuestra una trayectoria y ejercicio privado a gran escala de más de 20 años. Justo antes de ser funcionario, pagaba más impuestos mensuales a título personal que el salario total que recibía como servidor público.

Asimismo, indica que antes de ser funcionario tenia diversas propiedades inmobiliarias y turísticas, con sus certificados de título. Además, poseen justificativos de compra producto del ejercicio privado, incluyendo la residencia donde actualmente reside, adquirida en el año 2011 y presentada en su declaración jurada del 2012.

En todo el expediente de Medidas de Coerción no existe una sola imputación ni siquiera mención de su patrimonio o declaraciones juradas. Pero ha dado este paso de solicitar al propio órgano investigador que revise su patrimonio completo. De esta manera busca demostrar que el mismo permanece idéntico al que tenía previo a ser funcionario.

Reiteran que la solicitud realizada a la Cámara de Cuentas se realiza en virtud de que la Constitución de la República en su artículo 246, así como también la Ley 10-04 en su artículo 10, asignan a ese organismo facultad y responsabilidad legal para realizar auditorías. Esto, en su calidad de órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.