Jefe Policía de Francia en contra envíen agentes a cárceles
En Francia, el apoyo dado por el director general de la Policía a la protesta contra el encarcelamiento de un agente de la Brigada Antidelincuencia (BAC) de Marsella en el marco de una investigación sobre violencia policial suscitó la indignación de jueces y políticos.
«Un policía no tiene sitio en la cárcel»
En una entrevista al diario Le Parisien, Frédéric Veaux estimó que «antes de cualquier juicio, un policía no tiene sitio en la cárcel, aunque haya podido cometer errores o faltas graves en el ejercicio de su trabajo».
«Los policías deben responder de sus actos, incluso ante los tribunales, pero también hay que tener en cuenta las garantías de las que gozan y que los distinguen de los delincuentes o de los matones», añadió.
«La justicia nunca cede a la presión de los medios de comunicación o de la calle; se ocupa de los casos. Una vez pasada la emoción y la rabia, tenemos que dotarnos de los medios técnicos y jurídicos para que este policía recupere su libertad», insistió.
Los dos principales sindicatos de magistrados no se anduvieron con rodeos después de estos comentarios. El Sindicato de la Magistratura consideró incluso que se trata de un ataque a la independencia del poder judicial: «El director general de la Policía Nacional, bajo la autoridad del ministro del Interior, presiona a las autoridades judiciales en un caso individual. (…) El presidente de la República debe reaccionar», expresó en Twitter. «Hay un principio fundamental en democracia: la ley es igual para todos, recalcó su presidenta, Kim Reuflet.
Estos comentarios son «escandalosos» y «extremadamente graves en un Estado de derecho», reaccionó también Cécile Mamelin, vicepresidenta de la Unión Sindical de los Magistrados. «Es estéril y peligroso. Esperamos una reacción al más alto nivel del Gobierno para aclarar las cosas», declaró a la AFP. «La detención preventiva responde a criterios jurídicos precisos (…), es una decisión judicial que no prejuzga en absoluto la culpabilidad y que puede ser recurrida», agregó.
El caso ha movilizado al Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que recordó que el poder judicial es «la única instancia legítima para decidir si procede o no la detención preventiva de las personas puestas a su disposición».

