José Ramón Peralta se mueve para que lo saquen de Najayo
El ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ha emprendido una serie de acciones legales para salir de la cárcel de Najayo donde cumple medidas de coerción por actos graves de corrupción documentados por el Ministerio Público en el expediente de la Operación Calamar.
Peralta, quien se convirtió en uno de los funcionarios con mayor rechazo en el pasado gobierno, ha elevado un recurso de apelación para que se revierta su prisión.
Sin embargo, este miércoles, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazaron para el 1 de junio el conocimiento de los recursos elevados por él y Donald Guerrero, exministro de Hacienda.
Los magistrado tomaron la decisión a los fines de que el Ministerio Público estudie los recursos presentados por los dos imputados y para que se notifique los recursos de apelación a los querellantes y abogados del Estados, para que preparen su respuesta.
Los exministro Guerrero y Peralta solicitaron a través de sus abogados la anulación de la resolución que los envían a prisión. Piden que la corte emita una decisión propia o de lo contrario les imponga otra medida de coerción de fácil cumplimiento.
Agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riego Penitenciarios trasladaron a los internos Guerrero y Peralta desde la cárcel de Najayo hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde está la Corte.
A principio de abril, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso 18 meses de prisión como medidas de coerción a los imputados.
Con relación a Guerrero, sus abogados piden la nulidad del arresto emitida en su contra, y que se declare ilegal la medida de coerción de prisión impuesta a su representado por violar la dignidad humana contenida en el artículo 5 de Constitución.
Por lo que, los juristas solicitan que se ordene su libertad, o de lo contrario imponer una medida menos gravosa.
En cambio, los abogados del imputado Peralta, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, solicitan revocar la resolución que envía a prisión a su representado y dictar su propia decisión e imponer una medida de coerción menos gravosa y de fácil cumplimiento.
El Ministerio Público acusa a los imputados en el caso Calamar de asociación de malhechores para cometer desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.