Jueces no se quedan callados ante ataques de fiscales

Por Jeannette Kranwinkel.

El enfrentamiento entre jueces y miembros del Ministerio Público está tomando un matiz cada vez más peligroso, resquebrajando la necesaria armonía que debe existir en entre los actores del sistema de justicia del país, al recurrir fiscales a lo que los magistrados califican como “prácticas populistas” que se apartan de las reglas del debido proceso que afectan significativamente las relaciones institucionales, “la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la Nación”

La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), ha salido al frente nuevamente a los ataques de fiscales por las medidas adoptadas por magistrados en sonados casos que se dilucidan en los tribunales del país y dice que lesionan e ignoran el Estado de derecho.

Asimismo le atribuyen, principalmente a Wilson Camacho, director del PEPCA, recurrir a las acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura.

En una declaración pública, la entidad hace alusión a los últimos pronunciamientos del procurador adjunto Wilson Camacho, el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla y el de San Francisco de Macorís, Smailey Rodríguez.

Señalan que esos pronunciamientos se apartan de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República.

Los fiscales criticaron las decisiones de algunos jueces que han impuesto medidas menos gravosas como la garantía económica y hasta la libertad pura y simple a favor de imputados involucrados en casos graves.

En el caso de Wilson Camacho, titular de la Pepca, dijo que la jueza Yanibet Rivas, con la variación de la medida de coerción al general Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza y Rossy Guzmán y su hijo Taner Flete, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones.

“Debemos recordar que esos jueces actuaron en el marco que les confiere la ley; las decisiones de los jueces se atacan por medio de recursos; la normativa procesal penal consagra un catálogo de medidas de coerción además de la prisión preventiva, todas con carácter excepcional y que exigen el examen particular en cada caso; las medidas de coerción son instrumentos para garantizar la presencia de un imputado en el proceso y no sanciones sobre aquellos a quienes la Constitución les reconoce un estado de presunción de inocencia.

Asimismo, recuerdan a los fiscales que la ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, estableciendo con claridad que es en las audiencias fijadas ante los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho.

“Y finalmente, el ordenamiento jurídico nacional cuenta con procedimientos de control de las actuaciones jurisdiccionales y éticas de los jueces y fiscales, normativa que se reputa conocida”, agrega la Asociación de Jueces.

Sostiene que el proceder de los procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando ataques y acusaciones a los magistrados Yiberty Marín Polanco Herrán, Job García Hurtado y Darvin López, y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas “y de todos los jueces que componemos el Poder Judicial, “resquebraja la institucionalidad e independencia de este Poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia, principios y valores que defenderemos siempre, máxime si los juzgadores han obrado en ocasión del poder que les ha sido delegado de dictar decisiones jurisdiccionales en nombre de la República”.

También han llamado al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario sobre representantes, reforzar, mediante cursos de formación, el debido comportamiento ético de estos miembros del Ministerio Público.

Y le recuerdan a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91”.