Jueces podrían ser los próximos en iniciar paros por salarios
Continúa la inconformidad en el sistema judicial y tras los paros de los fiscales ahora son los jueces los que exigen aumento salarial.
Más de 300 jueces han pedio al Consejo del Poder Judicial un aumento general de salarios como respuesta al más reciente reajuste que hizo el organismo para el área administrativa, en la que los ingresos de esos funcionarios superan con creces hasta el de los propios consejeros.
El aumento salarial ordenado por el Consejo del Poder Judicial para la Dirección General de Administración y Carrera de ese poder del Estado eleva los ingresos de esos titulares a 322 mil pesos como escala mínima y una máxima de 381 mil 600 pesos mensuales.
De inmediato, un listado de unos 300 jueces envió un documento al Consejo y su presidente Luis Henry Molina, solicitando un reajuste que al menos aproxime sus ingresos a de esos funcionarios.
La magistrada Keila Rodríguez, de San Pedro de Macorís, encabeza la misiva en la que además están demandando la aplicación del Manual de Salarios.
Por segundo día consecutivo, los tribunales del país se vieron obligados a suspender sus audiencias debido al paro laboral iniciado por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom). Los fiscales continúan exigiendo mejoras laborales, y han advertido que no cesarán en su lucha hasta obtener respuestas concretas del gobierno.
Este lunes, los miembros del Ministerio Público se mantuvieron firmes en su demanda de reivindicaciones laborales, que incluyen la celebración de concursos, ascensos, aumento salarial y un plan de retiro justo. A pesar de que la Procuraduría General de la República convocó al gremio a una reunión para la tarde de este lunes, los fiscales han anunciado que su protesta continuará.
Según los fiscales, las condiciones de trabajo en las que ejercen sus funciones no solo afectan su bienestar económico, sino que también ponen en riesgo su seguridad personal. «Un fiscal sale de noche sin ningún tipo de seguridad, mientras que los funcionarios sí cuentan con protección», señaló Julia Vásquez, fiscal, quien enfatizó que esta desigualdad genera preocupación entre los miembros del Ministerio Público.