Jueza imputada de faltas, designada para el Caso Coral
La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, será la responsable de conocer el juicio preliminar y la acusación contra los implicados en los procesos denominados Operación Coral y Coral 5G.
La jueza tendrá la tarea de decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público y fusiona los dos expedientes en los que figuran altos oficiales, religiosos y otras personas que supuestamente estafaron al Estado con más de 400 millones de pesos.
Rivas fue elegida mediante un sorteo aleatorio que realizó la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, presidida por la magistrada Kenya Romero.
Es la misma magistrada imputada de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
La querella fue presentada por ante el Inspector General del Consejo del Poder Judicial por el jurista Julio Cury por la supuesta comisión de una serie de hechos que incluyen haberse conducido con imprudencia, irrespeto, soberbia y falta de ética judicial el día 6 del corriente mes, en la que la imputada conoció la solicitud de prórroga del plazo de la investigación del denominado caso “Anti-pulpo”.
Ahora el tribunal apoderado deberá notificar a todos los abogados de los imputados y fijar una fecha para iniciar con el proceso en el que figuran los generales: Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio de los Santos Viola, además Rafael Núñez de Aza, Raúl A. Girón Jiménez, Boanerges Reyes, Antonio Mata Flores, Carlos Lantigua Cruz, Blandesmil Guzmán y Miguel Ventura.
mbién la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Flete Guzmán, Erasmo Pérez Núñez, Kelman Santana, José Rosario Pirón, Jehohanan Rodríguez, Esmeralda Ortega, Alejandro Montero, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de Santos Viola, Manuel Alba Solano, Elida Trinidad Santiago, Manuel Alba Trinidad y Raymel Rosario Viola.
Además, están Pedro Castillo Nolasco, Rosa Antonia Disla, Onoris Beatriz Soto, Erick Pereira Núñez, Santiago A. Suárez, y Guillermo Torres Robiou.
Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado.